Hace un par de semanas recibí un correo electrónico (que eliminé de mi máquina inmediatamente) de un diputado al Congreso integrante de la Comisión de Probidad, a quien no identifico por mutua conveniencia, preguntándome el número de teléfono al que pudiera llamarme que no fuera el que utilizo normalmente, a sabiendas que, como lo revelé oportunamente, tengo fundadas sospechas de que está intervenido.

Luego, nos comunicamos para acordar la fecha, hora y lugar de una reunión, a fin de revelarme pormenores de un contrato para instalar señales turísticas en carreteras, que supuestamente había demostrado singular interés el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Pedro Pablo Duchez;  pero contra la opinión de la subdirectora Maruja Acevedo, quien habría detectado irregularidades y que según mi fuente informativa no estaba dispuesta a firmar el convenio, en defensa de los intereses de la institución y de su prestigio personal.
  
Nos reunimos con el aludido parlamentario, que me solicitó mucha discreción y que no fuera a publicar ningún adelanto hasta que se divulgara la denuncia, que la daría a conocer un diario impreso, para confirmar que lo que me confiaba era una versión apegada a la verdad, enfatizando que no todos los funcionarios públicos son corruptos y que tampoco la totalidad de diputados carece de escrúpulos y que otros sólo buscan notoriedad y se escudan en un manto de artificial conducta de aparente honestidad.  
  
Según esta versión, fue la señora Acevedo quien propició el acercamiento con la Comisión de Probidad del Congreso, ante las presiones de que era objeto presuntamente de parte del director Duchez para que ella firmara el contrato con la empresa favorecida en la licitación pública que convocó el Inguat, no obstante que la oferta de esa compañía era superior en Q2.1 millones que la segunda sociedad oferente, en igualdad de condiciones.
  
La subdirectora del Inguat solicitó una entrevista personal con el presidente de la Comisión de Probidad, diputado Amílcar Pop, para requerir su intermediación con el objeto de evitar la consumación del negocio; pero este parlamentario, en vez de apoyarla, como era de esperarse dados sus antecedentes mediáticos y políticos, le increpó su resistencia a firmar el contrato, como si se inclinara por la empresa favorecida en la licitación.
  
Dejo constancia que no afirmo que el diputado Pop estuviese defendiendo los intereses de esa compañía, porque no me consta, sino que solamente reflejó las confidencias de uno de los integrantes de la Comisión de Probidad del Congreso, quien ayer me llamó para confirmar el contenido de la noticia.
  
Sin embargo, me atrae la atención lo declarado por el parlamentario Pop al negar que las citaciones que habría enviado a la subdirectora del Inguat “Se efectuaran para forzarla a firmar el contrato” y agregó que, en todo caso, procedió a título personal y  que no opina en nombre de todos los diputados de la Comisión de Probidad.
  
Todo lo actuado se incluye en el informe circunstanciado suscrito por la señora Acevedo, en el que enumera las inconsistencias en el procedimiento de la licitación. El director del Inguat ofreció cancelar el contrato.
  
Finalmente, subrayo que jamás he visto en persona al director ni a la  subdirectora del Inguat. Tampoco conozco al diputado Pop. Que sean mis contados lectores los que arriben a sus propias conclusiones.
   (El escéptico Romualdo Tishudo me recordó esta breve y lapidaria sentencia: -No todo lo que brilla es oro, Wayito).