En Guatemala existen aproximadamente un millón de personas con 60 o más años de edad, de las cuales el 88 por ciento carece de cobertura social y solo el 12 por ciento tiene algún tipo de pensión o jubilación, según datos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Alcira Tobar, Defensora del Adulto Mayor de la PDH, informó que un 40 por ciento de esta personas vive en situación de pobreza y pobreza extrema; un 52 por ciento vive en el interior del país y el 48 por ciento en la capital; además, el 51 por ciento son mujeres y el 48 por ciento hombres.
El panorama para el futuro de los jóvenes que prestan sus servicios laborales por contrato será muy similar o peor de lo que en la actualidad enfrentan las personas mayores, debido a que no aportan para ningún régimen de previsión cuando lleguen a su edad de retiro, por lo que, sumado a una inexistente política de Estado para este sector, el escenario se torna oscuro, afirmó Tobar.
Asimismo, expresó que esta situación afecta de igual manera los programas que son implementados sin los estudios necesarios para evaluar los alcances de los mismos, como ocurre con el Programa del Aporte Económico, que funciona en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; así como la invisibilización de los adultos mayores en política de desarrollo social y el aumento de las cuotas de aportación del seguro social.
Tobar señaló que ante la discriminación por razones de edad, el abandono y el maltrato que afecta a estas personas hace necesario y urgente promover empoderamiento de esta población para la defensa y promoción de sus derechos así como de su participación en el desarrollo, con el objetivo de generar empleo o capacitaciones para que puedan reinsertarse al sector laboral.