En entrevista exclusiva con Visión Electoral, Miguel íngel Sandoval, candidato presidencial de URNG-MAIZ, destacó como propuesta fundamental: la idea de subsidiar los productos de canasta básica y negociar con los empresarios un salario mí­nimo equivalente a una canasta básica. Sandoval también expresó que promueven la profundización de la democracia a través de la «Territorialidad democrática sustentable» colocando los recursos y las decisiones en manos de las comunidades y la «municipalización de la democracia», descentralizando el poder y apelando a las consultas populares como una herramienta permanente de participación y gobierno. El candidato explicó que para obtener recursos que permitan desarrollar esos planes promoverán «una reforma tributaria gradualmente progresiva en donde se grave a quien más tiene y a quien más evade». Finalmente indicó que para enfrentar los problemas de seguridad presentarán una Ley Marco de Seguridad Democrática.

¿Cuál es la principal propuesta de URNG-MAIZ para las próximas elecciones?

La fundamental es contar con un plan de gobierno integral que abarca los principales temas del paí­s. Sin embargo, hay uno que me parece fundamental: el empleo digno y el salario justo. No hay en Guatemala vigencia de los derechos laborales y el salario mí­nimo no alcanza siquiera para comprar la canasta básica. Hay que tener dos salarios para obtenerla. Nuestra propuesta central es subsidiar los principales productos de la canasta básica y de alguna manera, discutir con todo el sector empresarial para equilibrar los salarios a la altura de la canasta básica, que es lo mí­nimo que se puede conseguir. Yo dirí­a que es el punto más importante, más interesante que estamos planteando ahora.

Profundicemos ese punto, ¿cuál serí­a el abordaje que harí­a URNG-MAIZ a la hora de hacer gobierno tanto del tema salarial? También, ¿qué hacer con la economí­a informal?

Con el tema salarial hay que entender que los señores empresarios están haciendo lo que les da la gana porque tienen un gobierno que respeta sus condiciones. En el caso nuestro, serí­a un gobierno que establecerí­a nuevas reglas del juego como un mandato de las urnas, porque nuestro plan de gobierno es lo que plantea, no podrí­amos hacer menos. En cuanto a la economí­a informal o por cuenta propia, lo curioso del asunto es que cuando uno investiga cualquier negocio de economí­a informal, se encuentra al final de la cadena con algún empresario felizmente y legalmente establecido, pero que utiliza la economí­a informal como una manera de evadir impuestos y otro tipo de condiciones. Es una ví­a que le permite doble contabilidad, subcontratación sin derechos laborales y violando todos los reglamentos del paí­s.

El último informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano coloca a los pueblos indí­genas y a las áreas rurales en una situación de pobreza y pobreza extrema alarmante. ¿Qué apreciación se tiene desde URNG-MAIZ sobre la situación de los pueblos indí­genas y qué medidas impulsarí­an para garantizar sus derechos?

Los departamentos con mayorí­a de población indí­gena son los más pobres, los más deprimidos y los que tienen menos oportunidades de desarrollo. Nosotros promovemos la descentralización de poder, recursos y competencias a efecto de que desde las comunidades se pueda impulsar su propio desarrollo tomando en cuenta un concepto que hemos trabajado bastante que es la territorialidad democrática sustentable. Es decir recursos naturales, cultura, modos de organización que nos permitan trabajar el desarrollo a partir de las condiciones propias de cada región antes que a partir de la visión de planificadores que están en sus escritorios y que no conocen siquiera de qué están hablando.

Uno de los grandes conflictos que se dio durante el actual gobierno fue la demanda de organizaciones indí­genas, pero también de organizaciones sociales, sobre la posibilidad de realizar consultas en torno a megaproyectos y concesiones mineras. ¿Cómo ve URNG-MAIZ este tema?

Los vemos con doble perspectiva: una es que nosotros valoramos, respetamos y exigimos el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que respalda y avala las consultas democráticas en las comunidades para temas que les afecten en su desarrollo y su forma de vida; y pensamos que las consultas a la minerí­a a cielo abierto y una que otra en dirección a hidroeléctricas, merecen todo nuestro apoyo. Pero no solamente eso, hemos planteado con las propias comunidades que la consulta democrática será una herramienta fundamental de nuestro gobierno, porque pensamos que la democracia no termina con el voto cada cuatro años, sino que debe ejercerse de manera permanente. Planteamos como un elemento conceptual, una idea que se puede convertir en un eslogan, pero que no lo es, municipalizar la democracia. Esto se logra democratizando el municipio, porque ya está claro que con el desarrollo del centralismo a ultranza que se maneja actualmente no es viable el desarrollo de los pueblos indí­genas o de regiones campesinas deprimidas, sino que hace falta que los pueblos tomen en sus manos el control de sus recursos.

Pasemos a un tema que está siendo central en esta campaña. ¿Qué planteamiento tiene URNG-MAIZ en torno a la seguridad?

Son dos lí­neas de trabajo. La primera se relaciona con polí­ticas preventivas que pasa desde la generación del empleo y mejorar las condiciones de vida de la gente, para eliminar causas probables de hechos de violencia. La segunda tiene que ver con la depuración de la Policí­a, fortalecimiento del Ministerio Público, puesta en marcha del INACIF. Pero hay algunos temas que no se abordan, por ejemplo, el control de las empresas privadas de seguridad. Tenemos alrededor de 150 mil policí­as privados y sólo el 30% funcionan legalmente; ante ello, el Ministerio de Gobernación no hace mayor cosa.

Otro ejemplo, la compra y venta de armas y municiones que está pésimamente mal regulada, al extremo que hoy en el paí­s se venden anualmente 51 millones de municiones, el doble o triple que durante el conflicto armado, pero esto no es porque se utilicen balas, sino que hay empresas que trasladan armas al paí­s y las exportan, por la ausencia de controles. También está la despistolización a través de la Ley de Armas y Municiones que está medio entrampada. Es un conjunto de temas que nosotros los agrupamos en una Ley Marco de Seguridad Democrática que incluye la creación del organismo de inteligencia civil, la organización de una institución de investigación criminal que implica además, el retiro del Ejército a sus cuarteles, que no tiene nada que hacer, y por supuesto, dotar de nuevos recursos al Ministerio de Gobernación para el fortalecimiento de la PNC.

¿De dónde se obtendrí­an estos recursos?

Es en donde todo se complica. Los recursos deben ser para seguridad, salud, infraestructura, polí­ticas de desarrollo y aquí­ es donde todos los partidos polí­ticos no dicen de dónde va a salir la plata. Nosotros decimos va a salir de una reforma tributaria gradualmente progresiva en donde se grave a quien más tiene y a quien más evade. Y esto creo que es el punto toral de todo el problema. Yo veo que algún candidato dice «vota por mí­ que yo te bajo los impuestos», otro dice «jamás me atreverí­a a discutir impuestos». Yo creo que aquí­ se trata de dos grandes mentiras. Ni se pueden bajar impuestos ni se puede ignorar el tema impositivo porque hoy cualquiera que haga gobierno tendrá que abordar lo fiscal, le guste o no le guste. No se puede vivir en Guatemala con el presupuesto tan exiguo como resultado de una baja recaudación. Cualquier paí­s que quiera hacer algo en serio debe tributar por lo menos al 15 o 16% o no se sale del hoyo. Y no es reasignando el presupuesto como esto se va a resolver y no es aumentando la base tributaria que tiene topes y lí­mites. El punto fundamental está en hablar claramente de aumentar el IEMA, de mantener el IETAAP de manera permanente, de meter un impuesto sobre tierras ociosas y mal cultivadas, para de esa manera, contar con los recursos que el paí­s demanda. A tí­tulo de ejemplo, sólo un punto de incremento en la tasa de recaudación fiscal, nos da 2 mil 500 millones de quetzales anuales. Dos puntos para llegar al 12% nos darí­an 5 mil millones. Y esto no se quiere abordar porque todos los partidos polí­ticos están financiados por el gran empresariado.

Otro de los problemas que se ha manifestado en los últimos años y que no se resuelve, es el feminicidio en el paí­s ¿Qué hacer para frenar el feminicidio y garantizar la seguridad integral para las mujeres en Guatemala?

En el tema del feminicidio hay que exigirle resultados al Fiscal General. Eso es una facultad que tiene el Ejecutivo. En el caso del Fiscal nosotros establecerí­amos de entrada, cuatro temas en donde exigirí­amos resultados en plazos muy cortos, dentro de estos, el feminicidio, y si no, que presente su renuncia y se vaya a su casa. Creo que no podemos tolerar por más tiempo la impunidad.

¿Cuáles serí­an los otros cuatro temas?

Hay varios. Uno tiene que ver con el fraude bancario, es decir, lo de Bancafé y Banco del Comercio llora sangre porque se sabí­a con dos años de anticipación si habí­a problemas serios con Refco y algo más, y en el otro se sabí­a que existí­an documentos sin respaldo que fueron extendidos. En este caso hay una complicidad muy grande de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos, que debe abordarse de manera seria, y lo menos que podrí­a estar ocurriendo hoy es que los directivos y propietarios de los bancos, estuvieran presos y embargados en todos sus bienes y cuentas, pero no se hace porque el dueño del Bancafé, era el candidato natural a relevar al señor Berger.

Otro de los aspectos que hay necesidad de abordar es el de la corrupción en las filas de la PNC y de Gobernación. No es posible que se les lleve un expediente administrativo y se les retire sin hacer una investigación de naturaleza criminal. Si se les expulsa de la PNC es por algo, no se le va a expulsar con un diploma al mérito.

Luego, está el tema del contrabando. No se puede permitir la fuga de millones de quetzales por concepto de contrabando si se sabe por dónde pasa. No pasa por muchos lugares. Sabemos de aduanas y puertos y sabemos que ahí­ pasa de todo. Lo que ocurre es que hay una corrupción demasiado clara y abierta, que necesita de un control y de medidas enérgicas.

Y por supuesto, está todo lo relacionado con lo del crimen organizado. Se discute el tema del narco, pero todo el mundo sabe que a la par de cada banco hay una lavanderí­a. No hay voluntad polí­tica para abordarlo. No se trata de algunas medidas espectaculares. Es algo nacional, y se debe tratar saneando al sistema financiero.

¿Hay una polí­tica integral de URNG-MAIZ para atender la problemática de desigualdad de género y garantizar el respeto a los derechos de las mujeres?

Como dicen los analistas, es una de nuestras fortalezas. No sólo por la presencia de Walda Barrios como candidata vicepresidencial, feminista, lo cual es un plus. Hemos dicho que por primera vez en la historia del paí­s, el feminismo se plantea como agenda en un proyecto polí­tico como URNG-Maiz; y algo más, en nuestro programa, todo el tema de equidad de género, y lo decimos con toda la tranquilidad del mundo, fue redactado por compañeras feministas de lo cual nos sentimos contentos. No tuvimos que inventar ni buscar nada en Internet para copiar y pegar, sino que es resultado de la reflexión de las propias mujeres lo que queremos presentar en nuestro plan de Gobierno.