La implementación de los programas sociales, lejos de erradicar la pobreza y la pobreza extrema en el país, se han caracterizado por ser de carácter asistencialista pues no se propician las condiciones de desarrollo ni la capacidad productiva de los beneficiarios para beneficio de sus comunidades.

ANALISTAS ABOGAN POR LEYES DE TRANSPARENCIA

 Aunado a esta situación, estos que son la parte noble de cualquier gobierno, son utilizados para impulsar campañas político-partidistas.

Y es que en un país como Guatemala, donde más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza y de estos el 17 por ciento en pobreza extrema, el uso de los programas sociales para fines clientelares se torna delicado pues los mismos se devalúan y por ende, se dejan de entregar cada cierto tiempo y mágicamente vuelven a entregarse, por coincidencia tal vez, cuando el binomio presidencial realiza giras en los distintos municipios del país.

Aun así, los efectos tampoco se han hecho sentir en la población más desfavorecida que clama por una salida de su misma situación de pobreza ante las dificultades que implica acceder a un trabajo decente o a servicios básicos de Salud y Educación por ejemplo, que dicho sea de paso, también pasan por serias deficiencias debido a la falta de atención estatal.

No obstante a pesar de cualquier crítica, podría considerarse un hecho innegable el que actualmente se están repitiendo los mismos hechos que en el anterior Gobierno, donde la ex Primera Dama Sandra Torres fue altamente cuestionada por presuntamente utilizar los recursos del Estado para posicionar su imagen como figura política de cara a las elecciones generales que se avecinaban en 2011.

Aparentemente, el panorama no ha cambiado del todo, pues a pesar de que al inicio del Gobierno de turno mostraba cierta resistencia por aparecer en los actos públicos en los que se entrega la denominada “Bolsa Segura”, el posicionamiento solo cambió de manos pues la vicepresidenta Roxana Baldetti es ahora, para algunos analistas, el rostro público de la ayuda social de cara a las elecciones en 2015.

“Aquí no solo son programas que sirven a personas para impulsar sus campañas sino que encima no son políticas sostenidas, porque en el caso del gobierno anterior se daban en algunas ocasiones a algunos pobladores y en otras a otros. Esto quiere decir que en un mes recibían unos y otros no lo recibían y al no tener una política sostenida, lo que causa es la deserción escolar, por ejemplo”, asevera Nineth Montenegro, diputada en el Congreso por el partido Encuentro por Guatemala.

Asimismo, Montenegro recalca que la entrega de los programas sociales constituye una obligación del Estado y que sale de los impuestos de todos para apoyar al menos favorecido de la sociedad; pero que la Vicepresidenta y su comitiva, al igual que Sandra Torres desde el Consejo de Cohesión Social, usan los recursos públicos para decirle a la población que les están haciendo un favor, pues el desconocimiento, la ignorancia y la falta de institucionalización hace que la gente “caiga”.

 “Lo que están haciendo es que antes todos tenían que vestirse de verde y ahora todos tienen que vestirse de naranja y quien no se vista de ese color, no recibirá el apoyo”, argumentó.

DIFERENCIAS

En este punto hay que hacer hincapié en las diferencias que existen entre la ex Primera Dama Sandra Torres y la actual vicepresidenta Roxanna Baldetti; estas consisten en que la segunda fue electa por el Partido Patriota para el papel que está desempeñando y la primera únicamente era la esposa del entonces presidente Álvaro Colom, quien llegó al poder en 2008 por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, aunque después se convirtió en la coordinadora del Consejo de Cohesión Social, pero era un cargo nombrado, no electo.

Teniendo eso a la vista, algunos analistas consideran mucho más legitimo lo que hace la Vicepresidenta, porque está cumpliendo un  rol público para el cual fue electa; en comparación con Sandra Torres que a pesar que fue nombrada la encargada del Consejo de Cohesión Social, su puesto era nombrado y tenía una afiliación directa con el Presidente y después se identificó claramente que tuvo un interés electoral.

“Ambas actoras políticas manejaron y manejan un interés electoral. La Vicepresidenta ha manifestado, en más de una ocasión, que le gustaría ocupar la primera magistratura en un par de elecciones que es cuando la Constitución la faculta para poder competir, y eso en alguna medida desde ya lo está capitalizando al ser ella el rostro de esta ayuda social que dicho sea de paso, tiene características eminentemente clientelares”, explica Cristians Castillo, del Ipnusac. 

Para el investigador de la Universidad de San Carlos ni siquiera al ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, le compete la función de entregar los programas sociales en las giras que se llevan a cabo en el interior del país, pues para eso existe toda una estructura burocrática encargada de entregar la Bolsa Segura y el Bono Seguro, por ejemplo; sin que los actos inaugurales sean aprovechados para hacer posicionamientos políticos.

“Lo que vemos en esas entregas a la que asiste la Vicepresidenta son actos políticos que tienen un nivel de cobertura mediática y que le permite a ella posicionar su rostro en el plano político electoral, tanto para una futura elección inmediata o bien para buscar la presidencia a partir de 2018”, afirma Castillo.

AYUDA: ¿GRATIS?
 
En algunas ocasiones, tanto Sandra Torres como ahora Baldetti, han hecho alusión en sus discursos que la entrega de los programas sociales son repartidos de manera gratuita al referirse sobre el costo para los beneficiarios.

No obstante, no hay que olvidar que los mismos insumos que son repartidos son producto de los impuestos de los contribuyentes y por lo tanto es una contribución del Estado en sí hacia las poblaciones a las que van dirigidas. Para explicar este fenómeno, Renzo Rosal, analiza:

“Esto se da porque básicamente están destinados a una población que tiene alcances muy limitados a la educación y por lo tanto compran fácilmente estos mensajes. Así que para muchos, como Sandra Torres era La Salvadora, hoy la gran heroína es Roxana Baldetti. Son mensajes muy simples y directos que al final de cuentas caen bien en una ciudadanía que demanda agarrarse de algo o alguien y es cuando la autoridad cobra rostro”, simplifica el analista político.

A decir de Rosal, está claro que en el actual Gobierno, a diferencia del anterior donde los programas sociales si eran la bandera del Gobierno y se convirtieron en instrumento prioritario; en este no lo son aunque sí se utilizan con esos fines, sacrificando en la práctica los mismos pues se han desdibujado los programas sociales en la cobertura territorial y en el número de beneficiarios; convirtiéndose un elemento común para levantar la imagen política de la dos figuras en cuestión.

“Tal vez ahora aun no sea considerada campaña porque no lo estamos, pero sí sirven, por los menos, para presentar imagen. La Vicepresidenta es obviamente una figura emblemática del Gobierno, porque recordemos que tiene doble sombrero pues aparte de ser Vicepresidenta es la cara más visible por ser la Secretaria General del partido”, argumenta el experto.

A inicios de la actual administración era la extitular del Ministerio de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, quien se encargaba de cierta forma, de hacer públicos los supuestos esfuerzos de los programas sociales enmarcados en otros proyectos como el Pacto Hambre Cero, pero desde que fue destituida en el presente año y ocupó otro cargo, la vicemandataria es quien ha tomado ese lugar.

Precisamente fue Baldetti quien desde la oposición en el Gobierno de la UNE criticó esta forma de repartir la ayuda social desde 2009; y lo mismo hace ahora Sandra Torres cuando tilda de incompetentes a las actuales autoridades en el combate de la desnutrición, la deserción escolar y la pobreza en sus habitantes.

El también Director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, agrega: “Se critica del diente al labio, se critica por encimita… La gente del Partido Patriota cayó en esas críticas con mucha ligereza y a la vuelta de la esquina terminaron cayendo en la trampa porque al final de cuentas el incentivo es el mismo: que los programas sociales son un imán, son una cara que se puede aprovechar”.

ENMIENDAS

De hecho, es lógico y común en el país que la clase política critique una cosa y después hagan lo contrario, pues el Partido Patriota cuando estaba en la oposición criticó al Gobierno anterior por supuestos gastos excesivos en propaganda gubernamental. Al final, es una tendencia que se ha repetido, porque los partidos se comportan de una manera en la oposición y de otra cuando llegan al gobierno.

“Desde el punto de vista político, los programas sociales son una forma de clientelismo político pues a través de ellos se consiguen votos. Entonces, obviamente el PP criticó en su momento, pero ahora se dio cuenta de que es un arma poderosa pues todos los partidos apuntan a romper la maldición del partido gobernante y repetir el mandato de gobierno”, dice Luis Mack, analista independiente.

A pesar de esta situación, Mack espera que las enmiendas que pretenden realizarse a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el Congreso de la República, sirvan para evitar la campaña anticipada, la regulación del dinero de campaña, el financiamiento; aunque declara que al final son solo reformas “cosméticas” para este tipo de temas y que no responden de fondo a las aspiraciones de la sociedad civil.

Por aparte, Renzo Rosal cuestiona que el uso de recursos del Estado aún no está vedado porque la Ley Electoral y de Partidos Políticos no alcanza y no llega a esos extremos, pues no se especifica cómo limitar el trabajo proselitista de los funcionarios que están haciendo gobierno y en estos dos casos particulares, se aprovecharon y se están aprovechando.

“A esa parte no le está entrando la ley electoral con mucha fuerza. La propuesta que está siendo conocida en el Congreso le entra a un montón de temas, pero a todos le entra de una forma light y uno de esos temas a los que le entra más light todavía es al financiamiento privado”, comenta el representante de la URL.

PROPUESTAS

Muy a pesar de la mayoría y aunque contrarrestar esta situación pareciera difícil, Nineth Montenegro expone la necesidad de bancarizar las transferencias condicionadas, donde cada persona reciba la ayuda y que lo vaya usando adecuadamente con inspectores que vigilen como en otros países.

Para Cristians Castillo debe terminarse de aprobar el paquete de Leyes de Transparencia, dando herramientas a las instituciones para la fiscalización de los fondos públicos, como la Contraloría General de Cuentas; y se prohíba expresamente que tanto el binomio presidencial como autoridades locales y municipales se encarguen de repartir los programas sociales en las visitas que realicen.