Una decisión proteccionista del gobierno de Argentina que prohibió el trasbordo de mercaderías de ese país en puertos uruguayos generó malestar en ambas orillas del Río de la Plata, donde se temen fuertes pérdidas y perjuicios al comercio, y provocó una respuesta de inusitada dureza de parte del presidente uruguayo José Mujica.
La polémica medida, tomada por un funcionario de bajo rango y anunciada el 29 de octubre, determinó que dentro del Mercosur «las cargas de exportación originadas en puertos argentinos, únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina».
Como Uruguay no tiene firmado tal acuerdo con Argentina, la decisión impide que el puerto de Montevideo reciba en tránsito contenedores con mercadería argentina con destino a terceros países, una de sus principales actividades y fuentes de ingresos. La orden fue firmada por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Argentina, Horacio Tettamanti.
El economista Gabriel Oddone, uno de las voces más respetadas en ese ámbito en Uruguay, dijo que ésta «es la noticia económica más negativa para Uruguay en muchos años», informó el viernes el diario El País. Otros analistas vaticinaron que el puerto de Montevideo podría perder 100 millones de dólares al año si esta medida no es derogada.
Por su parte el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, Enrique S. Mantilla, pidió que la polémica decisión quede sin efecto porque «es inconveniente, genera extra costos y ha sido tomada de una manera aislada e intempestiva afectando exportaciones en curso», según un comunicado emitido el jueves por su organización.
La medida también provocó una dura respuesta del presidente uruguayo José Mujica, quien dejó de lado su tradicional mano tendida al gobierno argentino y comparó a la presidenta Cristina Fernández con Manuel de Sarratea, un político bonaerense del siglo XIX, considerado uno de los máximos traidores al prócer uruguayo José Artigas.
En su audición radial el viernes, Mujica acusó al gobierno argentino de tomar medidas que hacen «añicos el Mercosur» y lo comparó con los antiguos gobiernos de Buenos Aires que en la época colonial y primeros años de la vida independiente que postergaban al puerto de Montevideo y llevaron a que Uruguay terminara siendo un país independiente y separado del resto de las provincias que habían compuesto el Virreinato del Río de la Plata y hoy forman Argentina.
«La historia alguna cosa enseña y una de ellas es que desde tiempos de la colonia los intereses porteños, los intereses que se anudan económica y políticamente al manejo del puerto de Buenos Aires, tuvieron siempre una actitud de oposición por todos los medios al puerto de Montevideo», dijo el presidente. Y agregó que figuras como Sarratea y Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819, «prefirieron a la hora de la verdad perder definitivamente una provincia que formaba parte del viejo Virreinato (el actual Uruguay), pero sacarse de encima de un puerto que los amargaba (Montevideo)».
Mujica agregó que las provincias del interior argentino soportaron cosas peores que la «guerra de puertos» que padeció el actual Uruguay y llamó a superar esas actitudes.
«Es una historia que con inteligencia deberíamos poder remontar. Porque sí es válido defender nuestro trabajo, en realidad, lo que tenemos que llamar hoy ‘nuestra gente’ es la gente de todo el Mercosur y no un país aislado, por grande que sea. En todo caso deberíamos defendernos contra el mundo, todos como un conjunto y nunca caer en defendernos unos contra otros, porque esa política insular lo único que termina haciendo es, precisamente, perjudicar la integración, hacer añicos al Mercosur».
Tettamanti, por su parte, dijo a radio Universal de Montevideo que la medida tomada no busca perjudicar a Uruguay sino proteger a los puertos argentinos. «Uno de los ejes centrales de la presidenta (Cristina Fernández) es la defensa a rajatabla del trabajo».