Cuando no se vive en un pleno estado de derecho en el que se sancione cualquier falta y se castigue todo delito, una decisión del Gobierno como la que se tomó para destituir al general Roberto Rodríguez Girón se tiene que entender como una simple caída en desgracia, puesto que por todos lados se ve y se denuncian abusos de mayor envergadura en otras dependencias públicas y nunca se hace nada ni se mueve un dedo. El ideal, por supuesto, es que cualquier empleado o funcionario del Estado que cometa abusos en el manejo de los fondos públicos, no sólo sea destituido sino consignado a los tribunales para que rinda cuentas, pero ya sabemos que eso ocurre sólo excepcionalmente y si la persona por alguna razón cayó en desgracia.

La lista de derroches en el ejercicio de funciones públicas es interminable y prácticamente todos los sindicados siguen en sus puestos, salvo el interventor de la Dirección General de Aeronáutica, destituido en forma fulminante por el Presidente, con el agregado de que la misma Vicepresidenta de la República llegó a la dependencia para establecer que se compraron unos focos que no encienden.
 
 Nosotros pregonamos la necesidad de adecuarnos, todos y sin excepción, al Estado de derecho para terminar con prácticas delictivas que se cometen en distintas dependencias, con la cómplice participación de particulares que se prestan para la realización de negocios onerosos que permiten “partir la vaca” con los funcionarios públicos. Cuesta entender, sin embargo, por qué una compra de bombillas que ya no encienden es más escandalosa que un ostentoso viaje a Las Vegas, para citar apenas uno de los tantos ejemplos que pueden servir para ilustrar el desfase que hay en nuestra realidad nacional.
 
 Empezando por el absurdo de crear intervenciones de dependencias públicas que ni lógica ni jurídicamente se explican porque el Estado se interviene a sí mismo cuando bastaría un golpe de timón, removiendo y consignando a los ladrones, para enderezar el rumbo de las instituciones. Y los interventores se sienten dueños de la entidad que les encomiendan y por ello hacen toda clase de negocios. Claro está que los que salpican y piensan en grande no caen en desgracia nunca, mientras que un pobre diablo que trata de enriquecerse comprando bombillas no puede competir con quien da en arrendamiento por décadas enteras valiosas posesiones del Estado para encubrir concesiones que debieron ser aprobadas por el Congreso.
 
 La chibolita le tocó al interventor de Aeronáutica Civil cuyos negocios no se asemejan, ni en sueños, con la construcción de la terminal aérea. Pero aquí para robar hay que estar en gracia con los poderosos.

Minutero:
A ese pobre interventor 
se lo llevó la chinilaria; 
no obstante que es un paria 
no hizo el trinquete mayor