Esta mañana varias organizaciones sociales exigieron al Ejecutivo la pronta sanción del decreto 13-2013, que prohíbe la suscripción de convenios para la ejecución fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales; para evitar que se sigan prestando a costos elevados en la contratación de las mismas y así eliminar a estos intermediarios en la ejecución de proyectos de Salud.

Además, señalaron que la importancia de que se sancione es porque el presupuesto de la Contraloría General de Cuentas podría aumentar hasta un 1%, por lo cual se fortalecerá la tarea de fiscalización hacia los recursos que maneja el Ministerio de Salud Pública actualmente.

La Alianza por el Acceso Universal de la Salud, compuesta por el Icefi, el Ipnusac, el Frente Nacional de Lucha, la Universidad Rafael Landívar, entre otras instituciones, cuestionaron que más de 68 ONG´s han percibidos fondos del Estado desde 1997 para la prestación de servicios, pero que los mismos fueron politizados en los últimos años.

Finalmente, las instituciones abogaron también por la aprobación del paquete completo de las Leyes de Transparencia en el Congreso y no descartaron más movilizaciones como las de recientes días, si el decreto 1-2013 no se sanciona por el Ejecutivo en los próximos 15 días como lo establece la ley.