La falta de recursos golpea con fuerza al Gobierno y el Ministerio de Gobernación (Mingob) no está exento de ese problema, pero eso no impide que la cartera encargada de la seguridad ciudadana gaste millones de quetzales en estudios de importancia cuestionable.

Analistas consideran que el reporte de gastos evidencia la falta de claridad en las prioridades en una cartera que hasta hace poco no garantizaba el equipamiento integral de las fuerzas de seguridad, pero que desde el año pasado invierte en análisis que viendo los resultados en las diversas ramas parecieran ser de poca utilidad.

De acuerdo con el portal Guatecompras.gob.gt, durante el gobierno de Otto Pérez Molina y la dirección de Mauricio López Bonilla en el Mingob, esa cartera ha erogado Q34,334,863.78  millones en la realización de estudios y análisis, principalmente sobre  seguridad vial e infraestructura carcelaria, entre otros.

Los costos de los estudios van desde los Q88 mil hasta los Q15 millones 950 mil, y han sido pagados tanto a empresas dedicadas a realizar análisis y estudios específicos, como particulares “expertos” en temas relacionados con seguridad o infraestructura carcelaria.

El de mayor coste supera los Q15 millones y consiste en un estudio de la “accidentalidad y diseño de la estrategia nacional para la sensibilización y desarrollo de una cultura de precaución en pro de la seguridad vial”.

Los siguientes contratos tienen el objetivo de “resolver las deficiencias en la distribución de agua potable y la red de drenajes de los centros carcelarios”; tienen un costo de Q5,415,924.37.

Además,  existen otros contratos para realizar estudios de factibilidad para la ejecución del proyecto «Mejoramiento del sistema eléctrico en centros de detención” que tienen un costo de Q4,297,226.25.

Este con el objetivo de impulsar la implementación de nuevos proyectos de infraestructura y programas de mantenimiento a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario del país, derivado de la necesidad de contar con información planimetría y altimétrica de los centros carcelarios.

A pesar de los gastos en los que el Ministerio de Gobernación incurre para los centros de detención, estos mantienen deficiencias principalmente en el saneamiento, sobre población y una infraestructura inadecuada para tener el suficiente control en las cárceles del país, sin tomar en cuenta que no cumplen con su papel de reinserción social.

El Gobierno ha mencionado en repetidas ocasiones no contar con los recursos necesarios para la construcción de nuevas cárceles, sin embargo, el gasto excesivo en esta clase de estudios es evidente, ya que se ha llegado a gastar más de Q34 millones, recursos que podrían ser mejor utilizados en la inversión de la seguridad ciudadana.

Dentro de los detalles de las investigaciones se encuentra un análisis espacial de los homicidios y femicidios en el departamento de Escuintla, teniendo un costo de Q598,949.00, que según el contrato, tiene como objetivo proveer de un modelo que permita explicar a través de las mejores prácticas econométricas, las causas que contribuyen al crecimiento de este fenómeno, así como la explicación de su crecimiento y la forma en que tienden a expandirse en ambos.

Esto permitiría tener una segmentación de la seguridad ciudadana, ya que no solo en dicho departamento ocurren 17 hechos de homicidios y femicidios diarios, que afectan a la mayoría de población guatemalteca.

PROCESOS QUE GENERAN DUDA
 
Según Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), los estudios son de carácter técnico y podrían ser importantes en la cartera, pero el detalle de los objetivos expuestos en los contratos no deja de generar dudas.

Se solicita, por ejemplo, estudios para el mejoramiento de la red de agua potable y el sistema de red eléctrica en las cárceles, pero el problema de infraestructura más destacado por las autoridades de Presidios es el hacinamiento de los reos.

“En un ministerio que se ha caracterizado por ser poco transparente llama la atención porque evidentemente significa que puede haber algo que no es totalmente claro o transparente; el mismo Ministro debería de explicar ampliamente qué es lo que está sucediendo con estos estudios”.

Esto con el objetivo de verificar el costo de dichas investigaciones y transparentar el gasto excesivo en los que incurren con este tipo de eventos de licitación, según Polanco, porque la falta de recursos no solamente es un problema para la construcción de nuevas cárceles sino también para garantizar el salario de los guardias del Sistema Penitenciario.

“No es posible que a consultores se les esté pagando millones cuando un guardia está ganando por debajo de los Q3 mil, arriesgando su vida;  es un aspecto bastante cuestionable a la gestión del actual Ministro”, dice el activista.

Además, indica que para los estudios de análisis de homicidios existen investigadores especializados que podrían recopilar y estudiar dicha información y no pagar a una empresa privada “derrochando” los recursos que en el Ministerio dicen no tener.

“Hay una situación que no es del todo clara, lo cual está provocando algún tipo de acto de corrupción o de enriquecimiento ilícito”, señala Polanco.

Sin embargo, dice, hay que conocer a detalle cada estudio para saber cuál es su objetivo.

Entre tanto Carlos Vega, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dice que existen otras áreas de la seguridad en las cuales se debe invertir, siempre en los centros carcelarios o en las comisarías de la Policía Nacional Civil.

Se podría equipar a los guardias de seguridad, tanto del SP como de la Policía Nacional Civil, e invertir en tecnología moderna para quienes se dedican a la investigación e inteligencia para el combate al crimen, sugiere el analista. “Hay muchas áreas que merecen prioridad”, indica Vega.

Según el analista, los estudios servirán para el saneamiento de los privados de libertad, sin embargo, el costo de dichas investigaciones “son demasiado caras” e indica que es mejor invertir en la construcción de nueva infraestructura, que gastar en procesos que al final no arrojan datos concretos.

Vega indica que en general las cárceles son inmuebles que se han construido con otros fines, las cuales son remodeladas y se utilizan como centros de detención. “La mayoría de los centros penitenciarios son casas acondicionadas; no vale la pena invertir tanto en algo que no está construido para una cárcel”.

VÍNCULO CON LAS EMPRESAS

Para Néstor López, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es algo extraño que se tengan muchos estudios de ese tipo, pero lo que hay que realizar es una comparación de estudios para ver el costo real. “Si fuera uno o dos no pareciera tan raro, pero si son un montón que suman Q34 millones, parece una suma bastante exorbitante”

López indica que no se debe hacer uso indiscriminado de la figura de consultorías, esto con el objetivo de no desviar los recursos para cumplir ciertos compromisos adquiridos, y realizar un análisis para saber si estos recursos se pueden emplear en otras estrategias.

Según el investigador, los estudios no garantizan cambios de fondo y considera que es mejor la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad donde las personas condenadas estén resguardadas y tengan una separación de internos de delitos menores e inclusive de lo que sucede afuera.

López señala que la política está influenciada por los diputados que tienen el poder de asignar recursos de presupuesto y a veces existen condiciones que ellos imponen, “entonces no me extrañaría que estos casos sean así”.

Además, indica que existen indicios que las empresas que realizan dichos procedimientos tengan relación con algún funcionario, lo cual no solamente pasa en el Mingob sino en toda las entidades públicas.

Entre tanto, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, indica que el problema no es el estudio per se, sino lo que cuesta cada uno de ellos. “Para construir cárceles, para ampliar el edificio de Gobernación o construir otros edificios, hay que realizar estudios de carácter geofísico o de infraestructura, entonces el problema no está en lo que trata el estudio sino el costo que tiene”.

Ibarra dice que por la información que sale a luz pública, tanto de compras y contrataciones en gran escala, como todo lo relativo a la contratación de personal, pareciera ser que varios ministerios, no solo el de Gobernación, están dedicados a la generación de contratos y empleos para generar ingresos que seguramente son amigos, familiares o correligionarios del partido oficial y de sus dirigentes.

También señala que hay una inusitada creación de plazas para asesores y contratos: “Estamos viendo este caso en particular del Mingob, pero hay otros ministerios con un comportamiento similar”.

“Es verdaderamente criticable porque están despilfarrando en estudios y en asesorías y consultorías el dinero del pueblo”, señala Ibarra.

Al respecto, se pidió una reacción del Mingob acerca de los estudios y análisis, pero hasta el cierre de esta edición todavía no había una respuesta.

Ver listado de contratos