Un informe de Human Rights Watch (HRW) sobre la separación de familias en Estados Unidos por la expulsión de uno de sus miembros reavivó hoy el debate sobre las deportaciones, dos días antes de la audiencia sobre el tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Las leyes no sólo son crueles por su rigidez, sino también insensatas», afirmó Alison Parker, investigadora del programa de HRW para Estados Unidos, al subrayar que 672.593 inmigrantes, a veces residentes legales, fueron expulsados en diez años tras ser condenados a veces por delitos menores.
La organización de defensa de derechos humanos denunció la obligación desde 1997 de expulsar de Estados Unidos a inmigrantes sentenciados, incluso por pequeños delitos, tras la aprobación un año antes de una ley por el Congreso que endureció las sanciones contra los delitos perpetrados por extranjeros.
«Muchos de los deportados llegaron a Estados Unidos en su infancia y eran residentes legales que habían vivido legalmente en el país durante décadas», incluso por «delitos menores no violentos cometidos años antes de que las leyes entraran en vigor», denunció el informe.
HRW puso de relieve el ejemplo de un hombre de 52 años, deportado tras ser condenado por «posesión y venta de pequeñas cantidades de drogas», pese a haber vivido legalmente en Estados Unidos durante 40 años, haber servido en el Ejército y tener cuatro hijos norteamericanos de los que fue separado.
Según datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), citados en el informe de HRW, «el 64,6% de los inmigrantes deportados por crímenes en 2005 había sido condenado por delitos no violentos, incluyendo robo de artículos en una tienda».
La organización de defensa de los derechos humanos utilizó «los datos del censo sobre el tamaño de las familias de inmigrantes para estimar la cantidad de cónyuges, hijas e hijos» que se quedaron en Estados Unidos sin su pareja, padre o madre, «debido a una sentencia penal».
Parker subrayó asimismo que «la mayoría de los miembros de la Unión Europea (UE) y otras grandes democracias tienen en cuenta las relaciones familiares y otros vínculos con el país de inmigración antes de que tome la decisión final de deportar».
«En Estados Unidos, sin embargo, los jueces de inmigración tienen las manos atadas, no hay nada que puedan hacer para proteger a las familias o reconocer las numerosas contribuciones que las personas no ciudadanas han hecho a sus comunidades o a la nación», lamentó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendrá el viernes una audiencia sobre el caso de dos inmigrantes que han sido deportados por Estados Unidos en esas circunstancias y que viven separados de sus esposas e hijos.
La audiencia se celebrará la audiencia en medio de una creciente polémica sobre el trato en Estados Unidos a los inmigrantes detenidos y deportados.
Hace una semana, la Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de los DDHH e hispanas denunciaron en el Congreso la muerte desde 2004 en centros de detención de 62 inmigrantes, a menudo indocumentados, por falta del tratamiento médico que necesitaban.
Las condiciones de detención de los inmigrantes suscitaron numerosas denuncias en los últimos meses, después de que las autoridades estadounidenses multiplicaran las redadas para arrestar a indocumentados, como resultado de una fuerte presión política para resolver el problema de la inmigración ilegal.
La audiencia del viernes tendrá lugar después de la decisión de la CIDH de retirar el martes al comisionado venezolano Freddy Gutiérrez su relatoría sobre «trabajadores migrantes y sus familias», al considerar que no había respetado su mandato, por haber criticado la comisión y efectuado «declaraciones falsas», entre otras cosas.
Alison Parker, investigadora del programa de HRW para Estados Unidos.