Creemos que el Estado tiene no sólo el derecho sino la obligación de exigir que los particulares asuman la responsabilidad por daños y perjuicios cometidos a la comunidad, como debe procederse en el caso de los derrumbes de la Carretera a El Salvador, puesto que no puede cargarse a todos los contribuyentes el costo de reparaciones de daños causados por negligencia de quienes incumplieron elementales normas de construcción.

Sin embargo, creemos también que ese tipo de política se debe adoptar en términos generales y por parejo, incluyendo de manera preferente a los contratistas que hacen obras que son auténticos mamarrachos y que se destruyen al primer invierno. Hoy por hoy en todos los contratos se cuidan de hacer que la obra sea recibida a entera satisfacción y como la corrupción campea, nunca hay una duda, una reserva o un cuestionamiento, por lo que en esos casos sí resulta que el mismo Ministerio de Comunicaciones nos traslada a todos los ciudadanos el costo de reparaciones derivadas de malas construcciones que fueron pactadas y recibidas en el marco de la corrupción que nos afecta.
 
 Hay en redes sociales alguna crítica al Gobierno por querer exigir la reparación de los daños a cuenta de los propietarios del inmueble causante de los derrumbes. La verdad es que todos tenemos que ser responsables de nuestros actos y de lo que los mismos puedan causarle a terceras personas. En este caso estamos hablando, además de la necesidad de invertir en la construcción de las obras necesarias para permitir el paso, de un daño difícil de cuantificar y que es el tiempo que han perdido los vecinos que tienen que desplazarse por ese sector, amén de los negocios que se han perdido porque las personas no han podido viajar por ese sector en tiempos razonables.
 
 Pero honestamente nos parece que no hay congruencia en  nuestras autoridades que le perdonan todo a los pícaros que negocian con ellos los contratos para realizar obras de pacotilla y que hoy están muy exigentes en este caso. Debe, sin duda alguna, deducirse la responsabilidad a los dueños del inmueble donde se realizaron obras que causaron los derrumbes. No puede haber ninguna excusa en ese sentido para no actuar conforme a la ley. Pero es tiempo de que nuestros funcionarios se pongan la mano en la conciencia y principien a actuar con seriedad cuando se trata de recibir obras o de ejecutar fianzas cuando las mismas son insatisfactorias para las necesidades o cuando se utilizaron materiales de mala calidad y por ello hay perjuicios posteriores.

Minutero:
Que paguen los responsables 
debe ser norma pareja 
que ponga entre ceja y ceja 
a las obras deleznables