La mal llamada reforma política que están haciendo los diputados en la ley que rige a los partidos políticos del país tiene la finalidad esencial de beneficiar más a los dirigentes no sólo con un aumento del pago que el Estado les hace por cada voto recibido, sino también mediante otro tipo de canonjías que aseguran para ellos el control de las organizaciones.

No hay, pues, un esfuerzo por democratizar la actividad política ni para hacerla menos indecente y dependiente de los financistas. Ello porque el Estado no está al servicio de la gente sino al servicio de camarillas que mediante privilegios, impunidad y corrupción, son los que se hartan con los recursos públicos que hacen siempre falta para la seguridad, la justicia, la educación, la salud, la vivienda y la promoción de desarrollo humano en el marco de un sistema de oportunidades en donde la capacidad de las personas sea el elemento fundamental para su prosperidad.

El Estado no cumple con sus fines esenciales ni se ocupa del bien común sino que está totalmente dedicado a que los funcionarios se enriquezcan aceleradamente, compartiendo los recursos del erario con los financistas que les ayudaron a llegar al poder y con los contratistas que salpican abundantemente para recibir como premio contratos que les permiten hacer obras de mala calidad y a precios exorbitantes.

El Estado funciona para otorgar licencias, concesiones y privilegios a inversionistas como las empresas mineras o las empresas españolas que han venido a hacerse con los puertos. El Estado funciona para que los diputados cobren sueldo sin trabajar durante todo un año y, aún así, cobren trescientos mil quetzales cuando les piden que voten a favor de unos préstamos que, por vergonzosos, tienen que ir acompañados de leyes para taparle el ojo al macho como las llamadas de transparencia y esta dizque reforma del sistema político.

El Estado no regula ni siquiera el tránsito, no digamos el ejercicio de los derechos ciudadanos o el cumplimiento de nuestras obligaciones. Vivimos en una virtual selva donde no existe la ley y cada quien hace lo que le da la gana. Todo ello mientras la opinión pública se enreda en debates estériles sobre fundamentalismos ideológicos sin entender que la única libertad es la que proviene de una sociedad bien estructurada y organizada con base en leyes donde todos tienen que someterse a su majestad.

No cabe duda que el nuestro es el paraíso de los anarquistas que predicaron el fin del Estado o, cuando menos, su reducción a la mínima expresión. Vivimos en un país donde el Estado sirve única y exclusivamente para alentar y fomentar la corrupción.

Minutero:
Al llovernos sobre mojado
no solo con el invierno;
la labor del diputado
es llevar al país al infierno