A lo largo del mes en curso, hemos escuchado o leído diversos comentarios y propuestas al respecto de aquello que debería de contener la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que aguarda, junto a otro sinfín de iniciativas de ley, a que algún interés común realice el milagro de que se decrete.
Las más recientes noticias de prensa nos informan que al parecer hay algunos consensos entre los partidos representados en el Congreso y que a través de este acuerdo se aprestan a discutir en tres lecturas (es una ley de jerarquía constitucional), lo que será el nuevo cuerpo de normas de la ley en mención. Las necesidades son inmensas: a) Definición expresa de conceptos básicos político electorales, no es posible que estemos cuatro años en campaña y que a nadie le importe si se da inicio a la misma o no, pues se empieza a cuajar y a presentar al candidato en sociedad, bajo el argumento de que se está en fase de conformación del partido, desde el día posterior a la toma de posesión de cada gobierno. b) Sanciones adecuadas, mucho más allá de una ridícula multa como la que contiene la actual ley y que aun así los partidos tienen la desfachatez de impugnar, la cual conlleve que los partidos que reincidan en faltas se vean afectados por suspensión o cancelación de su calidad de partido político. c) Racionalización y reducción del número de diputados, en ningún lugar se demuestra mejor que cantidad no es igual a calidad o que más no siempre es mejor, no existe lógica o prueba alguna que haga pensar en que los diputados son el reflejo y representantes de sus electores, los diputados distritales no votan o se agrupan por los intereses de sus comunidades sino bajo la bandera del partido y los intereses de estos o de quienes los financian. d) Transparencia absoluta en las cuentas de los partidos, obligación de declarar al respecto de quien los financia, la cantidad con la que colabora, la proveniencia de los fondos y sobre todo el destino de estos a efecto de comprobar el real valor de las campañas y la cuantificación de inversiones multimillonarias, las cuales al ser obscuras y secretas solo alientan la imaginación del resto de los mortales que solo suponemos el nivel de compromisos a los que se encuentran atadas. e) Dotar de voz y voto a los más de dos millones de guatemaltecos que residen en el extranjero y que sostienen a nuestra economía y Gobierno sin que este se acuerde de ellos salvo cuando en campaña y en calidad de candidatos los visitan para que a la par de sus remesas envíen sus consejos a parientes y amigos a efecto de que voten por ellos. Por supuesto, el papel aguanta con todo y soñar no cuesta nada y esta que parece más una carta dirigida a Santa Claus que una propuesta concreta que tenga algún viso de ser considerada se topará con la cruda realidad de que detrás de la ley habrá políticos con el título de diputados, haciendo la ley que luego le aplicará a los políticos.