La política no es solo cuestión de partidos y proselitismo… eso lo saben bien los trabajadores organizados en sindicatos, que reconocen su papel como defensores de derechos laborales, pero también como negociadores y cabilderos de sus propias causas. En el escenario político, estos grupos juegan un papel fundamental tanto por su acción como por su inactividad.
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El Frente Nacional de Lucha (FNL), uno de los grupos sindicales más importantes del país y que hasta hace poco era crítico del Gobierno, anunció el pasado 15 de octubre, después del mediodía, que realizaría una serie de protestas para exigir a los diputados la aprobación del proyecto de presupuesto que planteó el Ejecutivo para 2014. A muchos les sorprendió el aviso. ¿Se trataba de un apoyo fortuito?
Nada había sido improvisado. Solo unas horas antes, dirigentes del FNL se habían reunido con el presidente Otto Pérez Molina para suscribir un pacto colectivo con los trabajadores del sector salud en el Hospital San Juan de Dios, en un acto oficial en el que no faltaron los elogios entre los políticos oficialistas y los trabajadores.
El dirigente sindical Luis Lara se refirió a Pérez Molina como el “Presidente amigo” que está “identificado con las clases más desposeídas”, y éste no dudó en responder en el mismo tono. “Les agradezco y le agradezco sus palabras a Luis Lara, que ha dicho que este es un Presidente amigo, me siento honrado con esas palabras y yo les digo a ustedes que son mis amigos, quiero ser amigo de ustedes, para que juntos podamos trabajar y salir adelante con la salud de los guatemaltecos, que es algo tan importante, por eso este pacto colectivo, que finalmente está disponible”, dijo el mandatario.
Con el pacto colectivo se beneficiaría directamente a unos 17 mil trabajadores del sector Salud en el Estado. “Con este nuevo pacto, el que menos gane tendrá 4,400 quetzales de sueldo”, explicó Lara, que ahora está al frente de las protestas en el Congreso, pero no para criticar al Gobierno, sino para exigir la aprobación del presupuesto y los préstamos propuestos por el Ejecutivo, justo como lo pidió Pérez Molina.
“Esperamos que en el Congreso de la República se aprueben 2 préstamos (…) por eso les pedimos también apoyo en esto, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que en el Congreso apoyen y entiendan que eso es para el pueblo de Guatemala, es para la salud de los guatemaltecos”, señaló el Presidente.
Este no es el primer caso y muy probablemente tampoco sea el último en el que los gritos de protesta de los sindicatos cambien por los elogios y agradecimientos a los políticos, especialmente al Gobierno, pues muchos grupos de trabajadores definen sus posturas de acuerdo a los alcances de las negociaciones con los grupos de poder y esa ya es una tradición en el país.
DINÁMICA DE NEGOCIACIÓN
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), explica que, en general, los sindicatos del sector público mantienen vigente la vieja dinámica de la negociación, en la cual plantean demandas muy elevadas sabiendo que habrá un proceso de “diálogo”, en el que la idea de la otra parte es reducir las solicitudes planteadas.
Según Linares, el problema surge cuando la negociación se realiza con el representante de una institución que se maneja con dinero del Estado y el funcionario o titular de ésta puede hacer concesiones, no de tipo laboral o sindical, sino políticas, porque no quieren tener problemas en su gestión o bien los mismos funcionarios se benefician de lo que conceden.
En otros casos, se da un intercambio de apoyos entre las partes, pero el problema radica en que siempre queda en medio de las negociaciones el dinero del pueblo, que pocas veces percibe mejoras en los servicios públicos. “Los vamos apoyar con esto (el motivo de la manifestación), pero necesito que ustedes nos apoyen con presionar para aprobar el presupuesto”, dicen los funcionarios, según explica el analista.
El representante de Asies explicó que deberían existir lineamientos de negociación colectiva en el sector público, para que no solo se beneficien los líderes sindicalistas y los ministros o funcionarios, “y para que no sea siempre una carrera hacia arriba, para ver quién pide más”.
Linares aseveró que los sindicatos deben ser independientes del empleador, porque al mantener amistad e intereses con estos se corre el riesgo que pierdan independencia, por lo tanto consideró que se debe de tener cuidado con ese aspecto, pues luego el sindicato se convierte en una caja de resonancia del Gobierno. “Una cosa es hacer una oposición razonable a hacer una oposición destructiva, y la otra muy diferente es ser complaciente”.
Por su parte José Pinzón de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), indicó que actualmente muchos sindicatos del sector público aplican la política del “te pago” y dejan a un lado la “ética sindicalista” y se alinean con el patrono porque reciben algún beneficio económico. A estos “la dignidad les queda como alfombra”, señala.
Pinzón comentó que esto sucede porque en Guatemala no se respeta la libertad sindicalistas y que por estos temores a veces se dejan a un lado los intereses colectivos y se priorizan los individuales.
Es por esto que el CGTG considera que algunos líderes sindicalistas utilizan su posición para obtener beneficios personales, los cuales los suelen hacer vía pacto colectivo, que no es malo, pero que no cree que sea justo que éstos obtengan ventajas de lo negociado.
El sindicalista aseguró que actualmente existe una “compra y venta en los sindicatos”, es por eso que los líderes sindicales también deben someterse a procesos de transparencia.
DESCONOCEN SEÑALAMIENTOS
El sindicalista Luis Lara, del FNL, explicó que él no conoce de ningún sindicato en específico que haya utilizado su influencia y poder de convocatoria para negociar con los puestos más alto de la administración pública, pero reconoce que actualmente existe corrupción en todos los espacios y considera que los sindicatos no son la excepción.
Lara explicó que no se debe malinterpretar su “lucha” como una simple protesta que sólo busca obtener beneficios personales y no colectivos.
El representante del Frente Nacional de Lucha aseguró que ellos “no se oponen por oponerse al gobierno”, sino que las manifestaciones son mecanismos para generar presión y así obtener mejores condiciones de empleo.
En cuanto a Joviel Acevedo, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), también aseguró que hasta el momento no conoce ningún caso de corrupción dentro de los sindicatos del sector público y que más bien él ha sido múltiples veces de señalamientos de corrupción o de acordar beneficios personales con los Ministros de Educación.
En lo personal Acevedo considera que “su sindicato ha evolucionado” porque ahora son más de “propuesta que de protesta” y que por eso se puede interpretar que están siendo complacientes con el gobierno.
El sindicalista magisterial dice que las autoridades tienen que respetar el pacto colectivo y asegura que saldrán a las calles si el gobierno incumple los acuerdos. “Sólo salimos a las calles para eventos especiales”, como es el día del trabajo.
Sin embargo, Acevedo ya ha salido a las calles para apoyar el aumento del presupuesto para la cartera de Educación, lo que coincidentemente también beneficia al Ejecutivo, con el que ha sostenido reuniones y mantiene una relación cordial.
CASOS CONCRETOS
En el 2006, el sindicalista Nery Barrios de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) fue denunciado, con información la Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (IVE), ante la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, porque en su cuenta personal de ahorro había un depósito de Q5 millones de fondos de la Empresa Portuaria Quetzal, que eran parte de una indemnización cancelada a 172 familias campesinas que ocupaban sus terrenos.
A la organización de la que es parte Barrios también se le vio realizar protestas a favor del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza; el movimiento sindicalista manifestó a favor de Colom durante la crisis política que el asesinato de Rodrigo Rosenberg, quien en un video culpaba al exmandatario de haberlo asesinado.
Se intentó comunicación con Rubén Mazariegos, de UASP, pero éste no respondió el teléfono y tampoco devolvió las llamadas que realizó La Hora.
Otro sindicato que tiene señalamiento anómalos es el STEG, del cual es líder Acevedo, ya que miles de docentes aseguran que son parte de la lista de afiliados del sindicato sin haberlo solicitado y que cuando pidieron ser retirados, esto no se les fue posible.
MASA LABORAL
De acuerdo a un estudio realizado por organizaciones sindicalistas en el 2013 “Impunidad laboral y Sector Público en Guatemala” indica que en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2012) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la administración pública es la quinta actividad que tiene a la población guatemalteca ocupada, y de esa cuenta es que hay más empleados del sector público que trabajadores en el sector de la construcción.
Los empleados públicos constituyen un total de 428,107 trabajadores en toda la Nación. En su mayoría se concentran en el área urbana del país. En el área rural no tienen mayor presencia; su constitución es de 97,000 empleados y representan la quinta actividad económica en el territorio fuera de la ciudad de Guatemala. En el área metropolitana están laborando 331,214 empleados.
La mayoría de los empleados públicos son mujeres, las que equivalen al 52% del total de servidores públicos. Junto con el comercio y los servicios, la administración pública son las ramas de actividad en donde la contratación de mujeres es mayor a la de hombres.
Según la ENI 2012, en la administración pública existen 98, 413 personas laborando en condición de subempleo visible y la mayoría son mujeres que llegan a constituir 66,398 empleadas públicas que laboran a tiempo parcial y se encuentran concentradas en las áreas urbanas.
CON BAJOS SALARIOS
El estudio “Impunidad laboral y Sector Público en Guatemala” detalla que los empleados de la administración pública en Guatemala reciben en promedio un salario mensual equivalente a Q3,915.00. Para enero de 2013 la Canasta Básica Vital correspondía a la cantidad de Q4,816.20 mensuales y la Canasta Básica Alimentaria a Q 2,639.40.
Por lo cual el estudio revela que en promedio para enero de 2013 los empleados públicos de Guatemala se les pagó, en promedio, un salario mensual 32% más alto que lo necesario para pagar los alimentos que sirven para una familia de cinco miembros.
Según el INEI 2012 el déficit del sueldo en el sector público es de aproximadamente el 20% del costo para mantener una familia de cinco miembros en condiciones vitales en relación a la alimentación, salud, vivienda, vestido, transporte, recreación, cultura y educación, pues el promedio de los salarios que los trabajadores devengan al mes es inferior al costo mensual de la Canasta Básica Vital.
Presidente Otto Pérez Molina
En un discurso a sindicalistas del FNL