Monsanto Co. ha pedido que se creen más controles para el uso de agroquímicos, entre ellos el Roundup, su línea de herbicidas fabricada con base en glifosato, en respuesta a un reporte de The Associated Press sobre la preocupación de que las aplicaciones de estos pesticidas estén afectando la salud humana en Argentina.
«Si los pesticidas están siendo mal utilizados en Argentina, entonces es en el mejor interés de todos, el público, el gobierno, los agricultores, la industria y Monsanto, que se detenga su mal uso», dijo la empresa con sede en Saint Louis, Missouri, después de que se publicara el reporte de la AP el domingo.
La empresa criticó el reporte de la agencia que documentó que las aplicaciones de los agroquímicos se hace en maneras contrarias y no previstas por la ley.
Según Monsanto, la historia carecía de datos específicos sobre los impactos a la salud, aunque la historia citaba documentos hospitalarios como certificados de nacimiento, documentos judiciales, estudios revisados por pares médicos y científicos, encuestas epidemiológicas que se hicieron de manera continua, datos de la industria de los pesticidas y del gobierno, además de una extensa auditoría sobre el uso de agroquímicos de 2008 a 2011 realizada por la Auditoría General de la Nación.
Cuando se le preguntó la postura de Monsanto sobre esto, el portavoz Thomas Helscher dijo en un mensaje de correo electrónico ayer, que «la ausencia de datos confiables dificulta mucho establecer tendencias en la incidencia de enfermedades y todavía más difícil establecer relaciones causales. En nuestro conocimiento, no hay relaciones causales establecidas».
Antes, Monsanto criticó el reporte de la AP al decir que era «demasiado amplia al señalar a todos los ‘pesticidas’, cuando sabemos que el glifosato es seguro».
«La Agencia Ambiental de Estados Unidos y otras agencias no sólo dicen que no hay evidencia de carcinogenicidad, sino ir más allá para darle la más alta calificación, ‘E’, lo que significa que no hay evidencia positiva de que el glifosato no causa cáncer en los humanos».
Médicos argentinos entrevistados por la AP dijeron que sus propios pacientes —no experimentos de laboratorio— muestran una aparente correlación entre la llegada de la agricultura industrial intensiva y las crecientes tasas de cáncer y defectos congénitos en las comunidades rurales. Por eso, están pidiendo estudios más amplios y de más largo plazo para descartar la exposición química como una causa de éstas y otras enfermedades.
Sin embargo, la aseveración de Monsanto sobre la seguridad del glifosato es parte del problema, de acuerdo con sus críticos.
Aunque la sustancia es menos tóxica en términos de exposición aguda que muchos otros herbicidas, insecticidas y fungicidas, el glifosato es mezclado rutinariamente con otros químicos cuando se aplica a los cultivos. El rocío que queda a la deriva desde los campos y se filtra hacia las aguas subterráneas se suma a otra carga general que incluye una mezcla de muchos otros químicos.
En 1996, Monsanto pagó una multa de 50 mil dólares y aceptó dejar de promover el glifosato como sustancia «segura», después de que un fiscal en Nueva York demandara a la empresa por falsa publicidad.
Monsanto reconoció en aquel momento que la aprobación de la agencia ambiental estadounidense «no es una garantía o hallazgo de seguridad» porque las regulaciones de Estados Unidos se basan en un análisis costo-beneficio, que hace un balance entre el potencial de «cualquier riesgo no razonable para el hombre o el medioambiente» y los «costos y beneficios económicos, sociales y ambientales por el uso de algún pesticida».
La ley federal argentina sigue un estándar diferente. Señala que cuando «se enfrenta con la posibilidad de daño serio e irreversible», quienes usan los químicos deben asegurarse de que protegen la salud humana y el medioambiente, incluso cuando «se carezca de información o certidumbre científica» sin «importar los costos y consecuencias».
Cuando se le preguntó qué estándar seguiría Monsanto en Argentina, el portavoz de la empresa indicó que sigue las regulaciones que sean aplicables en todo el mundo.
«No depende de Monsanto decidir u opinar sobre los principios legales que rigen las regulaciones del país. Monsanto es respetuoso del marco legal y regulatorio argentino y cumplirá con los principios que las autoridades argentinas decidan», escribió Helscher el viernes en respuesta a las preguntas formuladas por la AP.
El Ministro de Agricultura, Lorenzo Basso, no respondió a las solicitudes para que emitiera una opinión al respecto, y que fueron enviadas a su oficina, a su secretaria y a su viceministro en materia de biotecnología.
El doctor Damián Verzenassi dirige un continuo estudio epidemiológico en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que ha encontrado un incremento de 90% en las tasas de incidencia del cáncer desde 1997.
«Cuando se anuncia que aprobaron los agroquímicos, los cultivos de Roundup Ready, genéticamente modificada para tolerar los químicos de Roundup, en 1996, se hace el anuncio de que este nueva sistema de producir iba a disminuir el consumo de agro-tóxicos en el país», dijo Versenazzi. «El anuncio fue que la GMO sea una segunda revolución verde para disminuir el peso de agroquímicos tóxicos».
Helscher reconoció el viernes a la AP que el uso de agroquímicos no está disminuyendo, sino que está creciendo más allá de lo que requeriría la ya de por si dramática expansión de la agricultura en Argentina.
La «producción agrícola del país se ha triplicado en los últimos 20 años (en Argentina), de casi 35 hasta unas cien millones de toneladas que actualmente se producen. En el mismo periodo, la aplicación de agroquímicos por tonelada producida creció a un ritmo dramáticamente menor, de 2.85 a 3.2 litros de acuerdo con cifras de la industria agroquímica», escribió Helscher.
El reporte de la AP citó datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) de Argentina, donde mostraba un incremento de nueve veces en la cantidad total de agroquímicos que se venden anualmente, de 34 millones de litros (9 millones de galones) en 1990 a más de 317 millones de litros (84 millones de galones) en 2012.
El uso de estos agro-tóxicos declinó luego de que iniciara el sistema de «siembra directa» en 1996, pero luego incrementó mucho una vez que el 100% de la soya que se cultiva en Argentina se hiciera en base a cultivos genéticamente modificados y los agricultores dejaran de labrar la tierra para deshacerse de la maleza. A medida que las plagas se hicieron resistentes a los pesticidas, los agricultores tuvieron que mezclar el glifosato con otras sustancias más tóxicas.