A pesar que el Presidente dice que va a consultar a la CC el tema de la intervención, hago un paréntesis en la columna, ya que me veo en la necesidad de manifestar mi oposición a la intervención en cualquier forma de la SAT. Muchos se preguntarán si he denunciado los actos ilegales de muchos de los altos funcionarios de SAT: ¿Por qué he de oponerme a dicha intervención?

Una cosa es clara, no podemos deshacernos de la SAT. La pregunta que tenemos que hacer entonces es: ¿Con qué tipo de SAT queremos convivir? La ley que le dio vida a la SAT, decreto 1-98, en su artículo 1 reza: “Se crea la Superintendencia de Administración Tributaria, como una entidad estatal descentralizada… Gozará de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.” ¿Por qué el legislador da autonomía a SAT?   Porque sabía perfectamente que si el Ejecutivo se metía, podía utilizarla para beneficios políticos y económicos o utilizarla como terrorismo fiscal contra opositores.  Las consecuencias de que la SAT esté en manos directas del Ejecutivo, junto con sus roscas de poder y redes de corrupción que conlleva ejercer la Presidencia en Guatemala, pueden ser catastróficas.

La información personal que maneja la SAT de todos los ciudadanos es inmensa. En estos tiempos, vale más tener mucha información que mucho dinero. Cualquiera pudiera saber a quién le compra los productos que vende y a qué precio; de quién importa, cuánto crédito tiene, cuáles son sus cuentas bancarias; la placa de sus carros, su residencia; cuántos bienes tiene; etc.   De dicha información pueden fácilmente salir listados de extorsiones, robos, secuestros, competencia desleal y demás. ¿Quisiera  usted esa información en manos inescrupulosas?

Cosas buenas han salido de este asunto. La primera es ver a tantas personas y entidades de la sociedad civil oponerse a este tema, desde CEDECOM, Cámara de Comercio, ASPRODECO, etc.   La segunda es una oportunidad de traer a discusión y promover cambios a la Administración Tributaria.

Sin duda hay  que modificar la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.   El primer tema tiene que ser la conformación del Directorio que debería ser por representación de varios sectores como se maneja la Junta Monetaria, algo que no debería demorar ni es complicado. Después el Superintendente debería ser electo por el propio Directorio y no por el Presidente de la República.  Dejemos al Ejecutivo y la política fuera de un puesto eminentemente técnico. Se debería de crear  la carrera de servicio civil de la SAT y promover la profesionalización de todos sus integrantes. Deben contemplarse salarios competitivos y buenas prestaciones, sin descuidar un régimen disciplinario efectivo. De la mano a esto se debería de crear la unidad de asuntos internos y la unidad contra el contrabando y defraudación aduanera. Estas dos últimas instancias deberían ser permanentes, independientes e interinstitucionales formadas por la propia SAT, el Ministerio Público y Policía Nacional Civil.   El fin es claro, mantener a la SAT lo más objetiva y recta posible.

Esto es algo que a todo ciudadano le debe interesar. Es su futuro ¿Cuántos de ustedes, amigos lectores, han sido llamados por la SAT para llevar sus facturas a ser escrudiñadas? ¿Cuántos se han sentido maltratados por la SAT? ¿Cuántos se han sentido extorsionados por la SAT?   Si hay un tema que debe unir a la ciudadanía es este.

Dejar en manos del Ejecutivo esta institución es el pecado de omisión más grande que la ciudadanía cometería en perjuicio propio y su libertad. No podemos, ni debemos permitir que este tipo de situaciones se nos impongan. El Presidente no está velando por el interés de la ciudadanía. El  Presidente está velando solo por los intereses propios y de su rosca. Ya no más. Pongamos un alto a esta situación.