Hermetismo ha causado entre las autoridades de Gobierno la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); hasta ahora mantienen en silencio detalles de dicha disposición.

En silencio se encuentran las autoridades de Gobierno respecto a la intervención de la SAT, aunque el presidente Otto Pérez Molina había anunciado que para el sábado pasado estaría listo el acuerdo que daría vida a la intervención.

Sin embargo, La Hora intentó en varias ocasiones comunicarse con el Secretario General de la Presidencia, Gustavo Martínez, para que explicara cuáles son los detalles de la intervención, sin tener alguna respuesta de su parte; asimismo se llamó en repetidas ocasiones al Superintendente Carlos Muñoz y tampoco se obtuvo respuesta.

INCONSTITUCIONAL

La medida ha levantado una serie de críticas en aspectos legales, pues abogados constitucionalistas aseguran que la figura de la intervención a la SAT carece de elementos, lo cual provoca inconstitucionalidades al querer utilizar dicha figura.

Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista, considera que la posible intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria es ilegal e inconstitucional, ya que la Constitución  Política de la República permite una intervención de las empresas de servicio público y la SAT no es una empresa que preste un servicio de esa naturaleza.

Gabriel Orellana dice que la Constitución permite la intervención de las empresas cuando se interrumpe o se amenace la prestación o continuidad de un servicio público esencial, entonces para que un proceso de estos se dé tiene que tener causas de fuerza mayor y ser un servicio público esencial para la comunidad.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD

Entre tanto, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, insiste en que la intervención de la SAT no es el mecanismo adecuado para resolver el grave problema de contrabando y de evasión fiscal.

“Creemos que el Estado de Guatemala tiene suficientes mecanismos y elementos para poder atacar este grave problema”, aseguró.

Según Briz, todas las medidas que se han anunciado, como la presencia del Ejército en las aduanas o servicios online, las pueden realizar sin necesidad de que la SAT sea intervenida, puesto que esto le restaría institucionalidad al Estado.

“Intervenir la SAT es perder la institucionalidad del país, cuando lo que debería de hacerse es un fortalecimiento institucional, dotarles del equipo necesario para que puedan combatir libremente los delitos que se comenten” señala Briz.

“Cuando intervinieron los puertos, el argumento fue que se iba a combatir el narcotráfico y el contrabando, allí están los dos puertos intervenidos y no hay soluciones, entonces ¿por qué no han solucionado esos problemas, si se tienen los elementos?” dice el empresario.