La subasta del megayacimiento petrolero de Libra generó un «divorcio» en Brasil entre el gobierno de Dilma Rousseff y las fuerzas nacionalistas y de izquierda que apoyaron su campaña a la presidencia en 2010, y que ahora amenazan con retirar el apoyo a su reelección en los comicios de octubre de 2014.
La «manzana de la discordia» es la gigantesca reserva de petróleo y gas descubierta por la petrolera brasileña Petrobras en aguas ultraprofundas de la llamada capa pre-sal del océano brasileño y cuya prospección será abierta a partir de este lunes a la participación de empresas extranjeras.
«En su campaña presidencial, Dilma dijo que sería un crimen entregar las reservas del pre-sal a transnacionales, y hoy está traicionando su propia promesa de campaña», dijo a dpa Aparecido Morais, de la Central General de los Trabajadores de Brasil (CTBG), durante una protesta contra la subasta de Libra salpicada por violentos conflictos entre manifestantes y efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad.
El compromiso de no privatizar fue, de hecho, uno de los puntos centrales de la campaña de Rousseff para preservar el gobierno de Brasil en manos del Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al poder en el país sudamericano en 2003, con la victoria electoral del ex sindicalista Luiz Inacio Lula da Silva.
«Muchos de nosotros hemos votado por Dilma y por el PT, y ahora los vemos no sólo entregar nuestro patrimonio, sino también reprimir en forma brutal nuestra resistencia», afirmó a dpa Isabelle de Moraes, una funcionaria de Petrobras que participa en la huelga iniciada por los funcionarios de la empresa en protesta contra la subasta de las reservas del pre-sal.
«Hay una decepción muy grande con el PT. La Federación Única de Petroleros (FUP) hizo campaña en favor del partido, imaginándose que actuarían en forma distinta, y ahora estamos desilusionados. Seguramente habrá consecuencias en la próxima elección», agregó la muchacha de 29 años.
Para Hugo Fagundes, del sindicato de petroleros de Río de Janeiro, conceder a empresas extranjeras el derecho a explotar el campo de Libra -cuyas reservas son estimadas en entre 8 mil millones y 12 mil millones de barriles de crudo-, significa entregar a transnacionales un patrimonio que debería ser exclusivo de los brasileños.
«La presidenta está entregando a las transnacionales 1.5 billones de dólares en petróleo, el valor equivalente al patrimonio de Petrobras. Nosotros no lo aceptamos. El petróleo debe ser todo del pueblo brasileño, no de las transnacionales», sostuvo Fagundes en declaraciones a dpa.
«Estamos totalmente decepcionados por la actuación del PT, desde que Lula llegó al poder y empezó a gobernar con el Congreso, en lugar de hacerlo con los movimientos sociales. Ahora se está haciendo esta entrega del patrimonio brasileño, al igual de lo que ocurría durante el gobierno Fernando Henrique (Cardoso, 1995-2002)», agregó.
Pese a la indignación de sus antiguos aliados, el gobierno de mantiene firme en la decisión de llevar adelante el programa de concesiones para explotar los gigantescos yacimientos descubiertos en la década pasada por la propia Petrobras.
Rousseff desplazó a Río 1 mil 100 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional de Seguridad para impedir que los opositores se acercaran al lujoso hotel del barrio Barra da Tijuca elegido para realizar la subasta en la tarde de hoy.
La licitación se realizará en base a nuevas normas, aprobadas por el Congreso, que obligan a las empresas que se adjudiquen la concesión a entregar al Estado una parte del crudo recuperado y le aseguran a Petrobras una participación mínima del 30 por ciento en todos los consorcios, así como el derecho a ser la única operadora.
En el caso de Libra, las empresas interesadas en la concesión a 35 años para explotar el área tendrán que pagarle al gobierno un monto mínimo de 15 millones de reales (unos 6 mil 520 millones de dólares, al cambio actual), además de entregar un 41.65 por ciento del crudo excedente, o sea, del petróleo que queda después de que sean cubiertos los costos de producción.
Además, el Congreso aprobó en agosto la propuesta de Rousseff de destinar a la educación el 75 por ciento del monto recaudado por el gobierno con la concesión de explotación de las reservas del «pre-sal», mientras que el resto servirá para financiar la mejoría de los servicios de salud pública de Brasil.