El presidente Otto Pérez Molina entregará este sábado dos fincas y títulos de propiedad a 140 de alrededor de 760 familias del Valle del Polochic, en Alta Verapaz, que fueron desalojadas en marzo del 2011.

Sin embargo, grupos campesinos señalan que aunque se entreguen dichas tierras, existirán regazos e incumplimientos de parte del Gobierno ante los acuerdos firmados el año pasado tras la marcha campesina.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), señala que existe un retraso total de parte del Gobierno y aunque se entregue tierras a 140 familias no llega a la mitad del compromiso firmado por el presidente Pérez Molina.

En el 2012 el Gobierno tenía que entregar tierras a 300 familias, entonces no está llegando ni a la mitad de familias que se beneficiarán a partir del día sábado. “Hay un atraso sustantivo; no podemos dejar de lado que a pesar de que se estén entregando estas tierras existen varias cosas que se dieron en el Polochic que aún no se han aclarado”, dice Pascual.

Además indica que el Estado no ha cumplido plenamente con las medidas cautelares dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Entonces esto es solo una señal, que si se tiene la voluntad tiene que resolver a todas las familias”.

Según Pascual, existe un resabio y un castigo a la población del Polochic que no se está atendiendo puntualmente, “nosotros necesitamos que el Gobierno garantice que estos dos años que le quedan de gestión cumpla con su palabra, porque si nos deja solo en el arranque sería una decepción, lo cual generaría tomar otras medidas de hecho”.

AVANCE PEQUEÑO

El dirigente campesino reconoce que es un avance positivo pero que es muy pequeño, porque aún falta cumplir con los compromisos para estas familias, “es solo una de 8 demandas que no ha cumplido el Gobierno, falta resolver las tierras de Santa María Xalapán, anular la deuda agraria, la aprobación de la Ley de desarrollo rural, entonces la entrega de estas tierras es algo  muy reducido porque no ha atendido las otras demandas” señala.

Entre tanto, Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dice que la entrega de las dos fincas no resolverá la necesidad ni la cobertura en un cien por ciento, porque se les debe garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos.

Además expresa que ante la pobreza y la extrema pobreza en la que han sido sometidas estas familias, es importante implementar emprendimientos económicos o cadenas productivas, para generar empleo, producción e ingresos que les permita a las familias salir de esta situación.

Juracán coincide con Pascual al señalar que existen incumplimientos de los acuerdos firmados, “lo que se está demandando es el cumplimiento de lo que un ser humano necesita para vivir dignamente; es un deber del Estado que las familias guatemaltecas tengan estos servicios”.