Los cuatro principales productores europeos de vino (Francia, Italia, España y Alemania) exigieron hoy, con distintos matices, cambios en la propuesta de reforma del sector presentada por la Comisión Europea y tratada por primera vez por los ministros de Agricultura de los 27, en Bruselas.
Si bien la mayoría de los Estados miembros «comparte los objetivos» que persigue la reforma de «aumentar la competitividad» del vino europeo, la ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, dejó en claro que se debe «mejorar la propuesta» para permitir a los productores adaptarse al nuevo escenario que se plantea, según un comunicado de su oficina.
«Necesitamos una gran reforma porque es un sector muy importante para la Unión Europea. Las propuestas de la Comisión son una buena base de trabajo, aunque hay divergencias y puntos difíciles», estimó de su lado el ministro portugués Jaime Silva, cuyo país ejerce la presidencia de la UE.
Tras un año de consultas, Bruselas presentó a principios de julio su propuesta de reforma del sector del vino para responder al avance de la competencia del «Nuevo Mundo», insistiendo en la necesidad de destruir unas 200.000 hectáreas de viñedos que provocan exceso de producción y lanzar una gran campaña para ganar mercados internacionales.
Si bien la UE continúa siendo el principal productor y exportador de vino, las cifras muestran una competencia cada vez más fuerte con los vitivinicultores del «Nuevo Mundo», un heterogéneo grupo conformado por australianos, californianos, chilenos, argentinos y sudafricanos.
En este primer examen de la propuesta de Bruselas entre los 27, los cuatro principales productores dieron a conocer los aspectos, no siempre coincidentes, de la reforma en los que quieren mejoras, entre ellos un periodo transitorioantes de su entrada en vigor y la defensa del tratamiento de las Denominación de Origen (DO).
Francia, primer productor europeo y mundial, defendió de su lado la «identidad» de los vinos del Viejo Continente, a su entender amenazada por la reforma que propone liberalizar el sistema de derechos de plantación a partir de 2014.
Las organizaciones profesionales de viticultores, en particular las de los productores de vinos de calidad que gozan de una DO, también se oponen a esta liberalización.
El ministro francés de Agricultura, Michel Barnier, cargó además o contra la destrucción de viñedos y el final del sistema de destilación de crisis, destinado a dar salida al exceso de producción y que cuesta unos 500 millones de euros anuales, es decir más de un tercio del presupuesto comunitario para el sector (1.200 millones de euros).
En ese marco, España exigió «un periodo transitorio que permita a los operadores adaptarse al nuevo escenario sin traumas», dijo Espinosa. Italia también apoya un final por etapas del sistema de destilación de crisis, seún fuentes diplomáticas.
De su lado, Alemania, cuarto productor de la UE, se opone a la prohibición de agregar azúcar al vino para aumentar su graduación alcohólica, una práctica indispensable para sus productores a raíz del clima de su país.
Una muestra de las diferencias entre los países productores es que España apoya la propuesta de Bruselas de prohibir agregar azúcar.
Si hay puntos a resolver, España se declaró satisfecha con cuestiones como «la simplificación y flexibilización de la normativa, así como de las prácticas tecnológicas y el etiquetado» y la intención de «reforzar un modelo de calidad» basado en la excelencia y ligado a las ’indicaciones geográficas’ y DO.
La presidencia portuguesa de la UE espera un compromiso «hacia fin de año, al menos en las grandes líneas políticas».
La intención de Bruselas es que la reforma entre en vigor para la cosecha 2008/09.