Con todo y que la Corte de Constitucionalidad ha confundido su función y se ha convertido en un órgano que legisla a través de sus resoluciones que se vuelven norma inapelable y que ahora más que en otros tiempos se ha mostrado sumisa a los intereses del Ejecutivo, no puede pasarse por alto que es tema de defensa del orden constitucional la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria que ha propuesto el Presidente de la República para militarizar los servicios aduanales debido a la probada existencia de poderosas redes de contrabando que operan desde hace muchos años para facilitar el trasiego ilegal de toda clase de mercancías.

La Constitución faculta la intervención del Estado para garantizar la prestación de servicios públicos. En el caso de los puertos de ingreso al país, el servicio público lo prestan precisamente puertos y aeropuertos, no así quienes simplemente se encargan de cobrar los impuestos de importación de las mercancías. Cobrar impuestos no se refuta como un servicio público, aunque sólo sea por el prurito de que en materia tributaria los ciudadanos estamos al servicio del Estado y no es éste el que nos sirve a nosotros.
 
 El Presidente dice que los juristas que le asesoran han coincidido en que la SAT presta un servicio público y ese tema es altamente cuestionable y por ello la intervención traerá, sin duda alguna, impugnaciones para cuestionar la constitucionalidad de una acción que pretende suprimir de un plumazo la autoridad del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, cuerpo colegiado que por ley es el encargado de dirigir las políticas para mejorar la recaudación, es decir, para sacarle el máximo de plata a los contribuyentes.
 
 El tema de la intervención de los servicios públicos que presta el Estado está, ciertamente, consignado en la Constitución pero no deja de ser un contrasentido que se presta para facilitar la corrupción como pasó con Aeronáutica Civil y como ocurrió con Puerto Quetzal, puesto que elimina los mecanismos administrativos ya establecidos y los controles para que la autoridad opere sin la absoluta discrecionalidad que es característica de quienes, como interventores, hacen micos y pericos con las entidades que se les encargan.
 
 Desde el punto de vista legal es muy discutible la procedencia en el caso específico de la SAT, pero desde el punto de vista político y, más aún, desde el punto de vista del sentido común, es inaceptable que se piense que enviando militares a controlar las aduanas se compondrá el problema que tiene su raíz más profunda precisamente cuando en tiempos de Lucas, el Ministerio de Finanzas fue encomendado al coronel Hugo Tulio Búcaro que no tenía demasiadas luces en materia financiera aunque sí para otras cosas, y encomendó al jefe de seguridad del ministerio, el hoy general Ortega Menaldo, que asumiera el control de las aduanas del país con lo que surgió lo que después se conoció de manera eufemística como la “red Moreno”, como si el tal Alfredo Moreno hubiera sido realmente algo más que quien les llevaba las cuentas a los militares que realmente institucionalizaron el tema del contrabando hasta alcanzar los niveles que ahora asustan al Gobierno porque deja de percibir miles de millones de quetzales que les podrían servir muy bien para acrecentar sus capitales privados que crecen como la espuma.
 
 La implementación de mecanismos de control en las aduanas no es cosa del otro mundo para quien quiera resolver el problema del contrabando y la misma SAT podría, si tal fuera el caso, pedir ayuda para montar retenes en las salidas de las aduanas para exigir que la mercancía lleve el comprobante del pago de impuestos. En esos retenes podría participar el Ejército que, como sabemos, cobraría por ese “servicio” como lo hace con el patrullaje de seguridad ciudadana. Lo demás es querer pintarnos un nuevo y más vistoso chaleco.