Los seres humanos nacen con tendencias o inclinaciones que, si las circunstancias le son favorables, esas predisposiciones se encauzan, desarrollan y fortalecen al transcurrir el tiempo y en el desarrollo cronológico de la vida, y muchos logran sobresalir en su esfera de acción por su inteligencia, conocimientos adquiridos y tenacidad, entre otros factores.

Numerosos hombres y mujeres reúnen cualidades y calidades para dedicarse a actividades eminentemente lucrativas en el comercio, la industria, la agricultura y los servicios, mientras que otros reciben dones para realizar tareas modestamente remunerativas, pero altamente  satisfactorias, en las bellas artes, profesiones liberales y técnicas o en la academia, a sabiendas que sus objetivos no implican el enriquecimiento desmedido, sino la obtención de ingresos que proporcionen una existencia decorosa.

Es razonable que empresarios de cualesquiera de las áreas productivas se afanen en lograr ganancias que, en todo caso, se confía que son lícitas y producto de un trabajo honrado, sin excesivas codicias ni utilidades deshonestas, y de ahí que no es válido generalizar en torno a que todos los hombres de negocios, especialmente los que se convierten o provienen de familias millonarias son indecentes y explotadores de sus trabajadores o de la venta de los objetos que fabrican y servicios que prestan.

Traigo a colación esos empíricos enunciados a propósito de los señalamientos públicos expuestos por la organización Acción Ciudadana, que encabeza el analista Manfredo Marroquín, en lo que atañe a que algunos “operadores” del gobierno del presidente Otto Pérez presuntamente se han estado reuniendo con decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas del país, y hasta posiblemente con el de la Universidad de San Carlos, “Para tratar temas relacionados con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral, además del Fiscal General y del Contralor General de Cuentas”, y para abundar respecto a las intenciones que persiguen se menciona a Gustavo Herrera, de no muy pulcros antecedentes, puesto que el mismo gobernante, cuando era aspirante presidencial, lo definió como narcotraficante; pero ahora supuestamente se encuentra a su servicio.
 
Las declaraciones que se atribuyen a Marroquín motivan a pensar que un importante sector de la academia está siendo tentado para que, mediante sus actuaciones en las próximas comisiones de postulación, opten por elegir a otros académicos o profesionales universitarios que garanticen la futura impunidad de hipotéticas acciones ilícitas de altos funcionarios del régimen que preside Pérez Molina cuando abandonen el poder.

Incluso se menciona lo que revelé hace ocho días respecto a que “operadores” de la vicepresidenta Baldetti y sujetos que sirven a militares acusados de graves delitos están influyendo para que se elija al magistrado Luis Alberto Pineda al cargo de presidente de la CSJ y que otro magistrado, Gustavo Mendizábal, habría recibido favores para saldar una deuda que contrajo, lo cual yo puse en duda, pero ahora me abstengo de asegurar que no fue así; además de que señalé que se había propuesto la efímera candidatura del magistrado Héctor Maldonado sólo para desviar la atención.

Estas versiones confirmarían los rumores que académicos y magistrados han ingresado al sucio juego del soborno y el chantaje, al vil negocio de la corrupción activa o pasiva.

(Un académico le comenta al juez Romualdo Tishudo: -Algunos magistrados de sala creen que son una especie de Dios; pero ciertos magistrados de la CSJ están seguros de serlo).