Los partidos llegan a acuerdos cuando no se modifica el sensible tema del financiamiento privado.

Reformas establecen controles superficiales para las agrupaciones, pero no llegan a temas de fondo.

Aportes en especie y obsequios para las agrupaciones pasan inadvertidos para los controles.

La propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha pasado por diversos momentos turbulentos y álgidos a lo largo de las discusiones interpartidarias que se han realizado dentro y fuera del Congreso, y aunque sí se impulsan cambios en las reglas para participar en los comicios, los diputados se han preocupado para que ninguna agrupación salga perdiendo con la iniciativa, al evadir por completo el tema del financiamiento de las campañas y los partidos.

Los expertos en partidos políticos y en el sistema electoral señalan que las reformas que actualmente se discuten en la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso no atacan profundamente el tema del financiamiento privado que reciben los partidos políticos.

Esto, a pesar que en el 2011 las agrupaciones políticas rebasaron exageradamente los límites de gatos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), lo cual fue muy debatido y cuestionado durante esa época.

Ahora, sin atacar de fondo este tema, los analistas aseguran que las modificaciones son cosméticas.

FINANCIAMIENTO, TEMA INCÓMODO

Hablar de reformas a la LEPP incomoda a los legisladores, pero si éstas atacan al financiamiento privado es aún peor, ya que se les estaría limitando las estrategias y maniobras que las organizaciones políticas tienen para ganar las elecciones populares.

Durante la época electoral de 2011, el capital privado que recibían los partidos políticos fue el tema más debatido y cuestionado en los medios de comunicación del país.

Debido a la opacidad del origen del dinero, además del compromiso que representaba para los políticos el recibir ese capital, pues las deudas de campaña del partido ganador las paga beneficiando a los que invirtieron en ellos.

Es por esto, que la promesa básica al inicio de la séptima legislatura era reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que hasta la fecha no se ha concretado ese ofrecimiento y además, la propuesta en debate no restringe a los partidos seguir haciendo uso de recursos privados.

Lo que sí se incrementa es el capital público. Es decir que si hay reformas, los partidos políticos tendrían más dinero para la próxima campaña electoral.

Con respecto al financiamiento privado, los partidos no sólo lo obtienen mediante dinero, sino que también se les contribuye en especie; esto quiere decir que dichas organizaciones también pueden recibir apoyo con donaciones de combustible para recorrer el país y hacer campaña, helicópteros, vallas y hasta espacios en los medios de comunicación.

Los analistas indican que la mayor inversión que hacen los partidos políticos se basa en publicidad, además del clientelismo, ya que éstos otorgan bienes a cambio del voto.

ANTECEDENTES

Según un estudio realizado por Acción Ciudadana llamado: “Cuánto costó la campaña electoral 2011”, en la última contienda electoral las organizaciones políticas gastaron en publicidad mediática Q413 millones 832 mil 637 y en  logística de proselitismo Q165 millones 474 mil 77.20, para sumar Q579 millones 306 mil 714.20; dicho cálculo se realizó en base a un monitoreo de pautas en los medios de comunicación por los partidos políticos y el costo que esta tiene dependiendo el tiempo y espacio que la propaganda política ocupaba.

Este monitoreo de medios se realizó durante el año 2010 y 2011 revelando: el partido Patriota, el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y la coalición formada por la Unidad Nacional de la Esperanza y la Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) que erogaron la mayor cantidad de recursos.

De acuerdo con el estudio, el partido Patriota gastó Q215 millones 12 mil 57.40, mientras que Lider Q141 millones 451 mil 24.40 y la UNE-GANA Q83 millones 748 mil 742.

SIN CAMBIOS DE FONDO

De acuerdo a Christhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el problema del financiamiento no se resuelve aumentando los aportes públicos, mientras que se deja espacios abiertos para que los partidos políticos puedan recibir más capital privado en efectivo y en especie.

Según Castillo, otra debilidad que se  observa, es que en caso de que los partidos incumplan la ley en estos dos aspectos, las multas que imponga el TSE fácilmente podrán ser apeladas por los Partidos Políticos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la Corte de Constitucionalidad (CC).

Aunque las reformas integren multas más drásticas de las que actualmente existen, esto no podrá cumplirse hasta que se corrija el tema de los amparos en dichas salas.

El politólogo y director del Instituto de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar (URL), Renzo Rosal, considera que otro tema que debe tomarse en cuenta en las reformas y que él cree que es positivo, es que los medios de comunicación serán administrados y contratados por el TSE, lo cual significa una mayor inversión para el Estado, pero que generará igualdad en la competencia electoral.

Rosal señala que esta nueva propuesta aún no cuenta con los acuerdos políticos necesarios y, de no ser aprobado, las reformas a la LEPP quedarían aún más debilitadas, ya que no contarían con mayores cambios en materia de financiamiento y no tendría mayor sentido aumentar de US$2 a US$5 el aporte que el Estado da a las organizaciones políticas por voto obtenido.

El analista político independiente, Álvaro Velázquez, asevera que para hacer una reforma electoral y política que permita eliminar el financiamiento privado se necesita un Congreso con conciencia política, de lo cual los actuales legisladores carecen.

Velázquez asegura que el aumento a la deuda política no es relevante, ya que un incremento de US$3 no elimina la necesidad que los partidos políticos tienen del capital privado, con el cual se le otorga el poder y se compromete al político cuando se encuentra a cargo del gobierno, ya que tiene que pagar dicho financiamiento con beneficios a la persona que invirtió en su partido durante la campaña electoral.

Por su parte, el politólogo, Luis Chávez, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), comenta que es positivo que en estas reformas se le dote de más participación al TSE, específicamente en el caso de la regulación de los medios de comunicación.

Pero, por otro lado, lamenta que no se le aumente el presupuesto a dicha instancia, ya que con más atribuciones necesitará más recursos, porque podría contribuir a una mejor fiscalización del capital privado que reciben los partidos políticos, ya que esto no se está modificando.

Por su parte Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, asegura que el Tribunal no necesita más recursos, por lo que actualmente cuenta con las suficientes herramientas y fondos para poder sancionar y fiscalizar a los partidos políticos, pero esos aspectos no han funcionado porque esa instancia se ha negado a cumplir con esas disposiciones.

En cuanto al financiamiento, Balsells opinó que con el aumento a la deuda política, sin eliminar el financiamiento privado que reciben los partidos y si los medios se dejan a cargo del TSE, el Estado estaría invirtiendo demasiado en las organizaciones políticas, las cuales de igual manera no aportarían formación política y transparencia a los guatemaltecos.

IMPOSIBLE DE FISCALIZAR

Asimismo, para las reformas a la LEPP tampoco se prohíbe que los partidos políticos puedan recibir donaciones en especie, pero establece que estos regalos vayan debidamente acompañados con la factura y nombre de los donantes, ya que se sanciona el anonimato de éstos.

Este financiamiento en especie podría abundar en apoyo logístico, especialmente para el desarrollo de las giras nacionales de proselitismo y en vallas publicitarias, ya que en caso de darse reforma, este medio de comunicación no será administrado y contratado por el TSE.

En cuanto a la logística, los candidatos necesitan transporte aéreo y terrestre, además de escenarios, sonido, animación, obsequios y alimentación para las personas que les siguen en los mítines; en estos procesos se dan apoyos en especie que pasan por alto los controles de las autoridades.

Pero, pese a los candados que las reformas establecen, Rosal asegura que estas donaciones en especie son muy difíciles de fiscalizar por el TSE.

Velázquez opina que es muy difícil seguirles la pista a las donaciones, porque los miembros de los partidos políticos actualmente no cuentan con la cultura de transparencia.