El Ministerio Público (MP) asegura que dentro de los capturados por la supuesta red de robo de vehículos que operaba con vínculos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), únicamente son procesados técnicos y operarios. Analistas consideran que la premisa de fondos era promover la privatización del registro de vehículos ya que no se capturó a ningún alto mando.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, durante los operativos para capturar a una supuesta red de robacarros únicamente fueron capturados técnicos en recaudación fiscal y operadores del Registro Fiscal de Vehículos de la SAT. Según lo confirmado, dentro de estas personas no figura ningún jefe o supervisores.

No obstante, la investigación sigue abierta, y no se descarta que se giren órdenes de captura contra las autoridades de dicha área, informó una fuente del Ministerio Público (MP).

Por este caso 22 personas  figuran como sindicadas de supuestamente ser parte de una red de robo de vehículos, donde los trabajadores de la SAT aparentemente autorizaban los registros de alteración de los carros sin solicitar un expertaje forense. La Fiscalía los vincula en 47 casos concretos.

Al indagar a un agente fiscal sobre los motivos por los cuales no existe ningún alto mando sindicado, manifestó en que la investigación preliminar se hizo sin control jurisdiccional para evitar la fuga de información.

REACCIONES

Respecto al anuncio que hiciera la semana pasada el Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, sobre la privatización  del registro de vehículos por causa de la corrupción, el analista  Eduardo Velásquez, opinó que la premisa de fondo para conseguir la privatización de entidades gubernamentales consiste en declarar falta de competencia, controles e idoneidad de funcionarios.

“La realidad es que el Ministro  de Finanzas es el total responsable, y en el caso de la SAT, el Superintendente, pues debe de tener control pleno sobre sus trabajadores y sobre las dependencias que están a su cargo”, explicó.

A decir de Velásquez, esta situación también podría justificar la creación de empresas, de las que no se conocerá su naturaleza.
Para el profesional corresponde denunciar la incompetencia de las autoridades y depurar antes de elegir el camino de la privatización.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, considera que “las cabezas del crimen organizado no caen porque seguramente están incrustadas en cuerpos institucionales”.

De igual forma opina que en el país hay una tendencia fuerte a privatizar antes que fortalecer a las instituciones e hizo énfasis en que las empresas privadas siempre se guían por intereses.