Ante el escándalo provocado por la participación de personal de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en el negocio de carros robados, el gobierno se plantea la privatización del registro de automotores, encargándolo a una empresa privada para eliminar la corrupción. Si el mismo patrón se siguiera con todas las actividades públicas que están carcomidas por alguna forma de corrupción, debería entonces de desaparecer el Estado porque en todos sus ámbitos hay negocio y trinquete.

Pero además hay que decir que la privatización no elimina los negocios y jugadas. Se privatizó, por ejemplo, la emisión de los pasaportes pero la empresa que tiene a cargo el negocio emitieron los pasaportes para que Barreda y sus hijos pudieran salir del país aparentemente con nombres cambiados. En otras palabras, la privatización no es panacea y si no que lo digan los usuarios de servicios públicos privatizados que a lo mejor tienen una oferta más abundante, pero a un costo inconmensurablemente mayor que el que tenían tales servicios antes.
 
 Y vista la forma en que se hizo el negocio de Puerto Quetzal, citado expresamente porque es en el que de manera más directa se involucró el mismo Presidente de la República defendiendo a capa y espada la operación que simuló un arrendamiento para obviar los requisitos de la concesión, negocio que realmente se está haciendo, no puede uno sino ser suspicaz cuando se habla de que quieren privatizar el control y registro de los vehículos automotores en el país para prevenir la corrupción, como si las empresas privadas no padecieran de los mismos males que agobian al sector público.
 
 La solución a esos problemas está en aplicar la ley severamente y castigar como corresponde a los delincuentes, sean empresarios o funcionarios, trabajadores de una empresa o de una dependencia pública, para sentar ejemplares precedentes. En tanto sigamos alentando la impunidad y los que cometen fechorías se pueden salir con la suya tranquilamente, no habrá forma de contener las distintas manifestaciones de corrupción que afectan intereses generales. Si los empleados de la SAT atrapados con las manos en la masa salen libres, el ejemplo será contrario y la muestra de que la impunidad pagada será latente.
 
 La privatización, como la pretendida intervención de las aduanas, son acciones incoherentes para un gobierno que dijo que atacaría la corrupción; lavarse las manos no es combatir la corrupción, puesto que ello únicamente depende de la voluntad de transparentar las cosas y de aplicar la ley como corresponde para castigar a los sinvergüenzas que pululan tanto en el gobierno como en las empresas que hacen negocios con el Estado.

MINUTERO:
Si donde hay corrupción 
se debe privatizar
hay que entrar en acción
pues es la de nunca acabar