Entender que en Guatemala existen tantos conflictos, es identificar que la sociedad no está suficientemente fortalecida en sus valores, principios y aplicaciones de ley. Esto es un proceso lógico, que requiere un cambio de paradigmas identificados con esos principios, de forma colectiva, como el bien común y la justicia. Pero ambos valores colectivos y sociales, requieren para su aplicación estrategia, financiamiento y valentía. Algo ausente durante los últimos 50 años.
Se resalta el valor de la Justicia, en este caso, precisamente porque ésta debiera ser la respuesta definitiva a aquellas circunstancias sobre las que los diferendos individuales o colectivos debieran tutelar derechos y exigir el cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, ni uno ni el otro se alcanza, ni plena ni parcialmente, encontrando que cada vez más hay incidencias y números que determinan rangos de impunidad, lo que agrava más otras carencias como el desarrollo económico, la desigualdad, y el fortalecimiento institucional.
La justicia entonces, se debate entre su aplicación legislativa en las políticas públicas de igualdad, desarrollo y crecimiento, cuando efectivamente existen éstas, que fundamentadas en mecanismos de solidaridad, permiten trazar rutas para tener condiciones de vida digna. Ejemplos de ello se pueden ver en Europa, tras la finalización de la segunda guerra mundial, en donde ese ejercicio de justicia equitativa prevaleció sobre los elementos de una distribución justa de derechos o responsabilidades, que luego fue retomada una vez alcanzada una sociedad con equidad. La justicia requiere entonces, una variabilidad de ambas características, pero principalmente un trato que conmute las muchas desigualdades sociales y económicas que, para países como Guatemala, o Europa tras la guerra, son indispensables.
Y ante una ausencia de éstas políticas, entra en funcionamiento una justicia de Estado, aquella representada por el Organismo Judicial, como uno de los tres grandes referentes del ejercicio y control político del poder público. No sólo se trata de dirimir los conflictos de cada individuo, sino de priorizar alcances de conflictos sociales como los que ocurren en este momento por razones de minería, inversión o extracción de recursos naturales. O quizá para determinar los alcances de sanciones a grupos paralelos y funcionarios que los apañan, en cuyo caso existe un enriquecimiento a costas del erario público y constituyen actos de corrupción. Solo mediante acciones de prevención como el diálogo y la concertación, así como de sanción a los infractores de ley, es que la justicia podría reivindicarse formalmente, y dotar a su población, reunidos en sociedad, de una efectiva herramienta de paz social.
Y los principales actores de este mecanismo de justicia, contrario a un pensamiento de un Estado proteccionista, es la propia sociedad, encargada de elegir a sus representantes y exigirles el cumplimiento de su mandato. Además de ello, la sociedad –población- requiere de un autoanálisis de comportamiento y conducta social más madura, ejerciendo sin limitaciones sus derechos y cumpliendo a cabalidad con todas sus obligaciones. Esto deja, como actores secundarios pero con una responsabilidad extraordinaria, a aquellos representantes que promuevan políticas públicas y ejercicio de derechos para el cumplimiento de la ley. Presidente, Ministros, Diputados y Magistrados que en conjunto debieran promover pactos sociales con equidad, y trazar rutas de desarrollo económico y social. Este es el verdadero simbolismo de la justicia, la que no puede esperar más para su consecución.