El Estado tiene el control de las aduanas del país y las mismas son una coladera por donde pasa el contrabando, pero la solución planteada es intrínsecamente absurda, porque si ya el Estado administra las aduanas por medio de la SAT, a cuenta de qué va a proponerse su intervención, como si no se dispusiera de los suficientes medios y recursos para entrarle de lleno a desmantelar las redes que tienen cooptado todo el sistema. Se interviene una entidad cuando tiene una administración ajena en la que no se pueden meter las manos, pero esa tendencia, absurda radicalmente, ha demostrado su absoluta inutilidad y únicamente ha servido, como en el caso de Puerto Quetzal, para facilitar la ejecución de oscuros negocios.

Un decreto de intervención puede asignar facultades especiales para quienes se hagan cargo del trabajo de componer una institución, pero igual se puede emitir un decreto para dotar de facultades extraordinarias a los responsables y nombrar personal idóneo para hacer el trabajo. Lo que hay ahora es una mafia que funciona internamente con fuertes redes en el exterior de las aduanas y las autoridades saben perfectamente cómo es que funciona el negocio porque no es algo nuevo y se han hecho esfuerzos en el pasado por resolver las cosas. Aduanas ya tuvo una intervención cuando no existía la SAT y lo único que se logró es cimentar las redes del contrabando que se fueron afianzando hasta ejercer un control absoluto.
 
 
Si una intervención sirve para corregir lo que no funciona y, sobre todo, para atajar lo que está manchado por la persistente y continua corrupción, lo que urge intervenir es el Estado mismo porque no hay dependencia en la que no se produzcan negocios. Por principio tiene que encontrarse el mecanismo dentro del marco legal para asegurar que se puedan corregir los problemas que enfrentamos y no es ni con privatizaciones como la que se pretende para el registro de los vehículos ni con intervenciones como se va a salir del atolladero.
 
 
Empiece, señor Presidente, por asegurar la probidad de su gobierno ordenando a todos sus funcionarios que hagan públicas sus declaraciones de probidad; principie por dar ejemplos anulando negocios turbios como el de la Portuaria para sentar el precedente de que hay ánimo de transparencia. De lo contrario, intervenir es únicamente abrir la puerta a nuevos y quizá hasta más jugoso negocios. No hace falta autointervenir entidades públicas cuando se tiene el poder y la facultad legal para corregir los problemas. Si en todas las dependencias podridas habrá que nombrar interventores, toda la Administración Pública deberá ser intervenida.

MINUTERO:
Los negocios del contrabando
no se van a ir arreglando
con una nueva intervención
que traerá una mayor corrupción