Con todo y lo enturbiado que pueda ser el debate sobre la publicidad de los estados patrimoniales de los funcionarios, la verdad es que debemos entender que no se trata de un favor al pueblo, sino que es una obligación de los servidores públicos demostrar claramente y sin duda alguna su transparencia y la forma en que han acumulado su fortuna. Si alguien no quiere que se conozca el monto de su capital, simplemente tiene que abstenerse, por principio, de meterse a política porque no puede nunca quedar ninguna duda sobre si la fortuna de alguien es producto del trabajo esforzado o del aprovechamiento de oportunidades que brinda el ejercicio del poder.

La vieja expresión de que la mujer del César no sólo debe ser honrada sino además debe aparentarlo es algo que tiene que ser una máxima permanente no únicamente para los que están en el servicio público, sino también para los ciudadanos que tienen todo el derecho de saber exactamente qué es lo que cada persona que está trabajando para el Estado hace y cómo se usan no sólo los dineros públicos, sino el dinero de particulares que pueda ser canalizado por medio de mordidas, sobornos o coimas.
 
 No podemos interpretar nunca como un favor el que se nos diga con qué entra un funcionario al poder y con qué sale. Por el contrario, es una obligación moral que debiera ser ineludible, aunque no lo establezcan las leyes ni norma de ningún tipo, simplemente porque así debe ser, porque es deber de quien ejerce una función pública demostrar su honestidad. No podemos dar nunca por sentado que los políticos se meten a esa actividad para servir a sus semejantes porque la historia está plagada de ejemplos que aniquilan esa teoría. Además, es un hecho irrefutable, que el poder corrompe y por lo tanto los mecanismos de control que sirven para la actividad privada, tienen que duplicarse y llevarse a extremos cuando se trata de políticos.
 
 Creemos que un particular tiene derecho a la intimidad y a mantener reserva sobre el origen de su capital, el monto de su fortuna o lo que hace con su dinero. Pero cuando ese particular se mete en la esfera pública, de hecho está renunciando a su privacidad y está asumiendo ante la población el deber y la obligación de ser transparente y demostrarlo. Sólo entendiendo así la función pública podemos aspirar a legitimar efectivamente el sentido de la política porque de lo contrario, con la maniobra y el secretismo, lo que estamos haciendo es alentar la picardía y la impunidad.

Minutero:
El tema de la probidad 
debe ser siempre preciso 
y no es casualidad 
que se pida el dato conciso