La iniciativa del Gobierno para reformar la ley de probidad de manera que se “puedan hacer públicas” las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y servidores públicos ni siquiera puede deducirse como una tomadura de pelo o una forma de taparle el ojo al macho, porque ya sabemos que ese proyecto de ley no será aprobado en el Congreso de la República porque la chamarra tiene que seguir tapándolos a todos y nunca veremos a los diputados aprobando una ley que los obligue a ellos mismos a someterse al escrutinio público.

El procedimiento es básicamente hipócrita y para querernos ver la cara de pendejos a los ciudadanos, si es que nos dejamos. Porque para empezar hay que decir clara y categóricamente que no hay ninguna prohibición legal para que esas declaraciones patrimoniales se hagan públicas, por lo que no hace falta una ley que permita su divulgación. Es simple y llanamente cuestión de voluntad y de transparencia personal. Quien diga que legalmente está impedido de dar a conocer su estado patrimonial está mintiendo y de manera demasiado burda para ocultar lo que quiere mantener en secreto.
 
 La ley no permite que la Contraloría haga públicos los estados patrimoniales por iniciativa propia o a solicitud de parte. La ley protege así a quienes no quieran dar a conocer su patrimonio y les garantiza que la autoridad depositaria de sus declaraciones no puede divulgarlas salvo por orden de un juez en ejercicio de su competencia. Pero si un funcionario no tiene nada que ocultar y quiere ser coherente cuando habla de transparencia, nada le impide hacer público su propio estado patrimonial y darlo a conocer a toda la población para que se pueda hacer un balance de lo que cada quien posee.
 
 El argumento de que se exponen a la violencia, especialmente con secuestros y extorsiones, quienes divulguen su riqueza, es una patraña porque todos sabemos que esos funcionarios gozan y gozarán de por vida, por mandato de ley, de protección y seguridad pagada con dinero de los contribuyentes. Otra cosa es que sea difícil explicar cómo se amasó un inmenso capital sin tener uno fuentes legítimas para haberse vuelto millonario, pero eso tendrá que ser explicado de manera satisfactoria por los interesados para que la ciudadanía pueda quedar satisfecha.
 
 Lamentablemente todo este debate, que debiera librarse sin apasionamientos y alejado del marco de un lío personal provocado por desavenencias entre quienes han sido socios, está enturbiado precisamente porque se enmarca en un conflicto que no tiene mucho que ver con asuntos de Estado ni con reales intereses de transparencia. Pero los ciudadanos debiéramos, siempre y en todo lugar, ser exigentes para que nuestros servidores públicos, que reciben emolumentos que provienen del erario, mantengan una absoluta disposición a rendir cuentas. La rendición de cuentas tiene que ser parte esencial del servicio público, sobre todo en sociedades donde los mecanismos de fiscalización y control son tan deleznables como los que hay en Guatemala. Es precisamente en esas condiciones que más falta hace que haya posibilidad de una auditoría social y por ello da grima ver ese comportamiento de nuestras autoridades.
 
 Trasladar la pacaya al Congreso, que por definición no hará nada para transparentar el ejercicio del poder, es indecente porque de antemano se sabe que no habrá nunca mayoría para aprobar una ley que les ponga la soga al cuello a quienes hacen de la política un negocio de piratas y criminales.
 
 Los ciudadanos podemos ser pendejos y esmerarnos en actuar como tales, pero en el fondo nos están faltando el respeto cuando quieren decir que si ese conjunto de corruptos que son los diputados no aprueban la ley, no habrá publicidad sobre el estado patrimonial de quienes gobiernan.