En medio de los cuestionamientos sobre el patrimonio de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, presentó al Congreso las nuevas reformas a la Ley de Probidad, en la cual pretenden establecer que todo funcionario del Estado haga pública su declaración de probidad.
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La primera vez que el Ejecutivo presentó reformas a la Ley de Probidad fue el año pasado, dentro del paquete de leyes de transparencia –iniciativas 4461 y 4462–, las cuales ya cuentan con dictamen favorable y con acuerdos técnicos y políticos
En esta ocasión el Ejecutivo propone en el proyecto de ley, que todos los servidores y funcionarios publiquen su declaración de probidad y que se elimine el artículo que indica la confidencialidad de ese documento. La iniciativa también incluye que todas las personas que trabajen para el Estado declaren cada año su patrimonio mediante una plataforma digital.
Según Martínez, esta ley fue trabajada con expertos en el combate de la corrupción de la Organización de Estados Americanos, mediante el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).
El presidente del Congreso, Pedro Muadi, dijo que esta ley será trabajada y analizada al margen del paquete de leyes de transparencia que existe ahora y que esto no obstaculizará el proceso de aprobación de éstas.
La propuesta surge en medio de los cuestionamientos sobre el patrimonio de Baldetti, quien no ha hecho público el listado de los bienes y recursos personales, pese a la presión social.
Actualmente, la única forma de acceder a las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos que se encuentran en la Contraloría General de Cuentas de la Nación es a través de una orden judicial