¿Qué están dispuestos a sacrificar los guatemaltecos para sentirse menos inseguros? Muchos optan por limitar su propio derecho a la libre locomoción y el de sus vecinos, aunque eso implique el surgimiento de nuevos conflictos y dilemas sobre la libertad ciudadana, el respeto a la Ley y la convivencia pacífica.

Está visto que encerrar a los criminales en las cárceles no ha funcionado para combatir la violencia y por eso se invierten los papeles, de tal manera cada vez más personas organizan sus barrios y colonias para encerrarse e intentar aislar a sus familias de la amenaza de la inseguridad.

De esa forma, en diversas colonias de  la ciudad los vecinos organizados instalan garitas o talanqueras, contratan seguridad privada, implementan el uso de videocámaras de vigilancia y establecen protocolos de seguridad poco comunes para locales y visitantes.

Y aunque ésas acciones generan la sensación y percepción de seguridad, también hacen surgir nuevos conflictos entre los vecinos y ponen sobre la mesa el debate sobre la libertad de locomoción.

Valeria* dice que hace dos años pensó que era una buena idea cerrar la calle de su cuadra e instalar una garita de seguridad en la colonia donde vive, en Jardines de la Asunción, en la zona 5 capitalina, porque los casos de robos y atracos eran cada vez más frecuentes.

“Supimos que –los ladrones– se habían metido en una casa de la colonia y a otra vecina le habían robado el celular cerca de su casa. Nos dio miedo y apoyamos a los vecinos que propusieron poner la garita”, explica la entrevista.

No obstante, ahora, pagar la cuota mensual de Q325 por la policía particular y la reciente inversión en cámaras de seguridad es una carga que no puede sobrellevar y eso le ha acarreado serios problemas vecinales.

“Los que no podemos pagar tenemos problemas. Tenemos que abrir y cerrar nosotros mismos los portones, e incluso hay vecinos que son amenazantes cuando uno les dice que no puede pagar. Vivir así es muy difícil”, dice.

En algunos casos el problema también afecta a los vendedores y repartidores de gas, agua y comida, a quienes se les cobra por el ingreso a las colonias cerradas por los vecinos, aunque finalmente los comerciantes trasladan ese costo adicional a sus clientes.

También complica la circulación del tránsito vehicular, pues los automovilistas ya no pueden contar con el paso por las colonias adyacentes a los bulevares y así saturan las vías principales de la ciudad.

REGULACIÓN MUNICIPAL

Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, explica que el cierre de las colonias está regulado por la comuna y para ello existe una serie de requisitos que deben cumplir los vecinos que proponen la iniciativa para su colonia.

Para el cierre de las calles en las colonias se requiere que el 80 por ciento de vecinos locales esté de acuerdo y luego se debe realizar un extenso proceso burocrático. (Lea: Pasos a Seguir)

Según Sandoval estos cierres no contravienen a la Constitución Política de Guatemala, que garantiza la libre locomoción de los ciudadanos, ya que hay áreas dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que son contempladas como residenciales, semirresidenciales, industriales y comerciales, y dependiendo de cada cosa se otorgan o no los permisos.

“Nosotros no apostamos al cierre de las calles, sino a otros tipos de apoyos como el monitoreo de cámaras, apoyo con la Policía Nacional Civil, el control desde ese aspecto con reductores en los accesos, pero rara vez apoyamos el cierre de las áreas porque lo que se hace allí es aislar todo un sector o un grupo de vecinos a todo lo externo”, dice Sandoval.

Sin embargo señala que si la solicitud proviene de los propios vecinos, se tendrá que operar la solicitud de acuerdo con los procedimientos establecidos, que se resumen en 15 pasos. (Lea: Los Trámites)

Sandoval dice que buscan no afectar a los que se encuentran dentro del área, pero el cierre generalmente se hace en protección del vecino en contra de la inseguridad que azota al país. Además indica que aunque las calles se encuentren cerradas, siguen siendo áreas municipales.

El cobro de la seguridad en las colonias se encuentra a discreción de los vecinos que se encuentran organizados en los comités, que toman sus propias decisiones internas.

Y aunque el objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos, el portavoz dice que en muchos casos los agentes de seguridad privada mantienen vínculos con delincuentes, pues conocen el movimiento interno de los vecinos a quienes les brindan una supuesta seguridad.

Además asegura que el cierre  de las calles o colonias no es la mejor opción para protegerse de la inseguridad, porque los vecinos quedan aislados y cuentan solo con una salida y una entrada, haciéndolos más vulnerables al momento de ocurrir una emergencia.

Sandoval asegura que la municipalidad a través de la DCT tiene el control del cierre y conocimiento de donde es factible o no, por lo que este tema es regularizado.

Se cuestionó sobre el número de autorizaciones de la comuna para cerrar calles, pero el portavoz municipal no pudo responder la consulta.

DIVORCIO DE LA PNC

Arkel Benítez, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, reconoce que miles de capitalinos gestionan seguridad privada en sus colonias como medida de autoprotección y atribuye el fenómeno a una especie de divorcio entre la Policía Nacional Civil (PNC) y los vecinos.

Benítez dice que la separación ha provocado el surgimiento de las “mal llamadas” y fracasadas juntas de seguridad. “Nosotros tenemos la claridad total que la seguridad pública es indelegable y la debe tener la PNC, pero la seguridad ciudadana y comunitaria es la clave del quehacer de la comunidad, por lo que se está pidiendo una coordinación entre vecinos y Policía”, señala el funcionario.

Según el Viceministro, el Ministerio de Gobernación no tiene potestad para regular el funcionamiento de las calles en términos de urbanismo, porque esto le corresponde a los alcaldes, con quienes se está promoviendo un acercamiento para llevar un “hilo conductor” en cuanto a la seguridad ciudadana.

Según Benítez, se está tratando de reconstruir el tejido social fisurado y con un nuevo despliegue de la PNC se busca una relación más cercana de los agentes con los ciudadanos.

 “Nosotros estamos generando un esquema de seguridad más directo con la ciudadanía, esperando que los mismos nos den alertas tempranas, nos proporcione información y se propicie una cultura de denuncia”, dice.

“La ciudadanía debe de ir defendiendo ya no bajo la lógica de encerrarse o circular los territorios sino generar nuevas acciones de buena convivencia de ciudadanía responsable, y esa es la línea que buscamos y no una restrictiva del encierro de las comunidades”, señala el funcionario.

A consideración de Benítez, colocar garitas de seguridad o cerrar calles no es una muestra de la ausencia del Estado. “Nosotros no consideramos que hay un vacío del Estado, lo que no ha habido es una buena comunicación entre las autoridades, en este caso policiales. Entendemos que debe ser una iniciativa de la policía el acercarse a la comunidad por lo que se está buscando acciones conjuntas”, justificó.

DEBILIDAD DEL ESTADO

Para Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el cierre de las calles y la instalación de las garitas de seguridad por parte de vecinos responde a la percepción de inseguridad y la debilidad de las instituciones del Estado y en sí de la fuerza pública.

Escobar dice que en algunos casos el cierre de calles viola de alguna forma el derecho de la libre locomoción cuando los espacios públicos son interrumpidos; “hay que recordar que los Derechos Humanos no son absolutos y tienen limitaciones a favor del bien común”, indica.

Según Escobar el colocar cierres perimetrales y garitas de seguridad no puede considerarse como una ausencia del Estado, sino más bien una debilidad del mismo.
 
Considera que el riesgo de tener una colonia cerrada es el abuso de poder que tiene algunos comités de vecinos sobre otros. “Cuando no son controladas por ningún organismo o quien lo controla no tiene todos los recursos para hacerlo, puede existir abusos y en especial de aquellos que lo dirigen”.

Escobar señala que estas medidas reducen las amenazas de la delincuencia pero no las elimina, porque “el problema de la inseguridad tiene orígenes de tipo político, social, cultural y económico, que van más allá de cuestiones operativas”.

Diego Montenegro, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dice que la proliferación de iniciativas para el cierre de las que se encontraban abiertas y que ahora están modificándose con el cierre es porque buscan un poco más de seguridad ante la ineficiencia del Estado.

Montenegro señala que la libertad de locomoción riñe con el derecho de seguridad, pero los vecinos buscan que prevalezca el derecho a la vida.

“La gente no vive encerrada porque quiere, ni porque sea cómodo vivir así, porque es una necesidad, obviamente si el Estado cubriera esa necesidad básica de la seguridad no habría necesidad de tomar estas alternativas”, puntualiza.

*Nombre modificado por solicitud de le entrevistada.