Guatemala no sólo tiene el serio problema de la impunidad que impide sancionar a los criminales, sino que además sufre porque su sistema carcelario lejos de ser un instrumento para el castigo efectivo y para la regeneración que permita la reinserción social de quienes incurren en delitos, se constituye en reducto desde donde los maleantes pueden continuar cometiendo toda clase de fechorías porque gozan de absoluto control de los medios para dirigir, desde la misma prisión, a sus bandas en el exterior que se dedican a la extorsión, el asesinato, el robo, los secuestros y cuanto hecho delictivo nos pueda pasar por la mente.

En el gobierno de Óscar Berger se definió claramente el problema cuando se dispuso la toma de la Granja Penal Pavón para arrebatarles el control a los grupos de presos que eran la suprema autoridad en el lugar. Convenientemente se filtró información de cómo funcionaban  las redes de delincuentes en el interior, de manera tal que se pudiera sensibilizar a la opinión pública y un reportaje escrito por quien luego sería Ministro de Gobernación en el período siguiente, fue publicado horas antes de la acción de las fuerzas de seguridad. La idea, expresada por el Gobierno, era acabar con el control que los reos ejercían en las prisiones y se iba a empezar con Pavón, el más emblemático de los presidios, para luego continuar con los otros. Se identificó plenamente a los cabecillas de los grupos criminales que imponían su ley en la cárcel y se procedió con fuerza para “retomar el control”.
 
 Lo cierto del caso es que aparentemente lo que hubo fue un corrimiento de poderes, puesto que fueron ciertamente eliminados quienes en ese tiempo eran los que atemorizaban no sólo a sus compañeros de prisión sino a las autoridades del centro de detención, pero fuera de eso nada cambió. Por el contrario, da la impresión de que se trató de despejar el camino a quienes tenían que convertirse en los nuevos amos de la situación y que tenían dificultades para lidiar con las viejas estructuras de las cárceles.
 
 El mismo periodista a quien le dieron toda la información pasó luego a ser Ministro y desde ese cargo no hizo absolutamente nada para componer las cosas que, aunque parezca imposible, han empeorado en la actual administración. La cadena de crímenes que se dirigen desde adentro de las prisiones es impresionante y la forma en que reaccionan las autoridades al desafío abierto que les plantean los reclusos es alarmante porque evidencia la debilidad misma del Estado y sus enormes carencias.
 No hay mejor prueba de que vivimos con un Estado fallido que las condiciones imperantes en presidios. Un  Estado que no puede ni siquiera controlar a los privados de libertad, no puede pretender eficiencia en otros campos de la administración que requieren de mayores habilidades. En las cárceles se supone que existe una disciplina férrea que se tiene que cumplir y los reclusos no gozan de los derechos ciudadanos plenos que consigna nuestra Constitución. Y si ni a ellos se les puede imponer con criterio la ley, no podemos esperar que los otros ciudadanos la respeten y la cumplan.
 
 Por ello es que creo que este gobierno que pregonó la mano dura como elemento fundamental para su campaña electoral, y que dijo que la mano dura significaba aplicar a como diera lugar la ley, no puede seguir haciéndose baboso de lo que está ocurriendo en las cárceles y tiene que emprender las acciones correctivas que acaben con la cadena de delitos que se dirigen eficientemente, eso sí, desde adentro de nuestras prisiones.