En el comercio mundial se producen cambios importantes en la forma de adquirir bienes y en la manera de financiar las operaciones. Hace muchos años que en otros países funciona eficientemente el arrendamiento operativo que permite mantener siempre equipo moderno y eficiente que se renueva cada poco tiempo. Esa figura no está diseñada con la opción de compra como paso preferente, sino que se mantienen cuotas un poco más bajas porque al término del contrato generalmente el bien se devuelve para empezar otro con bienes nuevos y de la última generación.

En Guatemala prácticamente sólo funciona al arrendamiento con opción de compra o “leasing financiero”, mismo que divide el valor de un bien en determinado número de cuotas y la cuota final se convierte en el valor de compra del equipo que ha sido usado durante varios años. Financieramente y desde el punto de vista fiscal tiene sus ventajas ese tipo de operaciones, pero ahora resulta que las entidades públicas han encontrado su utilidad no tanto en el pago diferido del valor de los bienes, sino especialmente porque ese tipo de operaciones no está debidamente regulado en nuestra Ley de Compras lo que permite que se puedan adquirir equipos muy costosos sin necesidad de acudir a subasta pública o licitación.
 
 Creo que dada la cantidad de operaciones que se vienen haciendo bajo ese modelo, es indispensable que el Congreso revise la ley para actualizarla y regular la forma en que se pueden realizar los arrendamientos con opción de compra, puesto que literalmente lo que se está haciendo es pactando, desde el principio la compra del bien, pero bajo una figura de arrendamiento que no exige tantos requisitos como la compra llana y pura.
 
 Es pasmosa la habilidad que tienen nuestros funcionarios para ir utilizando figuras del derecho privado para fines públicos con la mentalidad esencial de evadir cualquier forma de control que los legisladores hayan pensado para evitar actos de corrupción. Es cierto que la Ley de Compras tiene un montón de requisitos engorrosos que no son, de ninguna manera, garantía de transparencia en las negociaciones que hacen los funcionarios, pero la burda actitud de jugarle la vuelta es inadmisible desde todo punto de vista.
 
 Primero fueron los fideicomisos, concebidos con mentalidad de un negocio entre particulares que no tienen por qué rendirle cuentas al público sobre la forma en que disponen sus negocios privados. Mañosamente se estiró la figura jurídica para el manejo de fondos públicos con la intención de evadir todo control asumiendo que el secreto bancario será la cobertura ideal para cualquier trinquete que se quiera hacer. No ha habido el menor interés de los diputados en regular los fideicomisos públicos para evitar que sigan siendo viña a la que se saca raja, y tampoco se ve que se preocupe nadie por evitar que se usen figuras como los arrendamientos con opción a compra a fin de evadir los requisitos de licitación para compras tan importantes como puede ser, por ejemplo, la de los buses articulares que sirven para el Transmetro.
 
 La publicidad de las compras o adquisiciones que hace el Estado es fundamental para que exista una auditoría pública y efectiva sobre el comportamiento de los funcionarios. Ahora estamos frente a un negocio de lo que se puede decir, que a golpe dado no hay quite, puesto que ya vinieron los nuevos buses que cuestan varios millones cada uno de ellos y no hay margen de maniobra para analizar la conveniencia del negocio. No olvidemos que la compra de unidades de transporte, como los buses rojos o los del Transurbano, han sido fuente de enorme corrupción y por ello conviene estar ojo al Cristo.