Probablemente por ser hijo de madre soltera, maestra rural por añadidura, mi limitada formación académica y el desempeño de ocupaciones periodísticas durante mucho tiempo, nunca he tenido prejuicios de ninguna naturaleza en contra de la mujer y de su participación en actividades sociales, cívicas, académicas, laborales y de otra índole, de suerte que soy de la opinión que el sector femenino tiene legítimo derecho de intervenir directamente en procesos políticos, como electora, dirigente, aspirante a cargos de elección popular o nombramiento.
No creo, empero, que por el simple hecho de ser mujer, su participación en actividades en este ámbito vaya a determinar una radical transformación en la esencia corrosiva y perversa modalidad de los partidos políticos, porque el desempeño de un/a líder, activista, congresista o funcionario/a público no radica necesariamente en el sexo de la persona, de manera que en la actualidad abundan casos en los que tanto hombres como mujeres sumergidos/as en la administración estatal, léase Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han sido objeto de señalamientos, acusaciones y ocasionales sentencias condenatorias por haber procedido al margen del ordenamiento legal, cuando excepcionalmente personas que ejercen cargos en indistintas instituciones e instancias y que se les ha observado procedimientos impropios o ilícitos fueron procesadas por los órganos jurisdiccionales.
Semejante fenómeno ocurre en el ámbito delincuencial, si nos atenemos a las informaciones de prensa, en lo que atañe a capturas de personas antisociales que han delinquido, puesto que se aprehende lo mismo a hombres que a mujeres sindicados/as de crímenes atroces o delitos menores, aunque también se debe reconocer que durante los últimos tiempos se han incrementado las agresiones físicas contra personas del sexo femenino, o, por lo menos, en la actualidad se ha dejado de invisibilizar estos hechos que han ocurrido inveteradamente.
Sostengo que si llegase a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se debe propiciar la participación de las mujeres en términos de igualdad de género; pero sobre la base de capacidad, honorabilidad y representatividad, porque, de otra manera, persistiremos con los mismos vicios del presente en que, por ejemplo, tanto diputados como parlamentarias no han sido un paradigma de probidad, competencia y honestidad, con sus excepciones, naturalmente.
Si sólo se busca llenar cupos, como pareciera ser consigna de hipócritas impulsores de esta paridad de géneros, no tiene ningún sentido, valor o sensatez realizar una parcial, casuística y cosmética reforma a la LEPP, que requiere de una efectiva, profunda, responsable y completa modificación; pero no a cargo únicamente de quienes no están dispuestos a renunciar a sus prebendas, privilegios o como se le quiera llamar a las posiciones en las que políticos de uno y otro sexo se han dedicado a la rapiña, el chantaje, la corrupción en los cargos públicos que ocupan, especialmente en esa cueva de holgazanes de la 9a. avenida.
(Respecto al tema, el sexólogo Romualdo Tishudo cita a alguien que desconoce: -El matrimonio es una relación entre dos personas, en las que siempre una tiene la razón y la otra es el marido).