En los últimos días el Ministerio Público ha dado algunas muestras en verdad interesantes de cambio real y efectivo, mediante la realización de investigaciones que permiten la captura pronta de delincuentes responsables de delitos graves y ayer nos volvió a dar una muestra de esa transformación cuando fue detenido el candidato a Alcalde de San José Pinula, Luis Fernando Marroquín Rivera, sindicado de responsabilidad en el asesinato de otros dos candidatos a Alcalde y de haber simulado un atentado en su contra, con la intención de desviar la atención.
Los delitos contra la vida en Guatemala son abundantes y durante mucho tiempo la fiscalía que tuvo a su cargo ese tipo de crímenes lejos de investigar se dedicaba a encubrir a los delincuentes, haciendo desaparecer pruebas como se ha evidenciado en casos tan paradigmáticos con el asesinato del investigador venezolano Víctor Rivera. Y los ciudadanos nos llegamos a acostumbrar que los crímenes nunca se resolvían y que teníamos que apechugar ante las deficiencias de la justicia.
En ese contexto, cuando casualmente había algún caso que llegaba a tribunales, era muy fácil para los juzgadores decir que las deficiencias en la investigación no permitían condenar a los acusados y tirando todo el lodo al Ministerio Público, se cerraba la rosca de la impunidad.
En los últimos tiempos, y no sólo por el aporte y el ejemplo que ha dado CICIG en la investigación de algunos casos, el Ministerio Público ha dado muestras de tener gente comprometida con la justicia y deseosa de cambiar las cosas. Aun con las deficiencias por falta de recurso y de ausencia de cooperación de entidades públicas y privadas que no aceleran el traslado de datos fundamentales para una investigación, se han logrado resultados que para el estándar guatemalteco son verdaderamente ejemplares y éste es uno de ellos porque había muchas especulaciones sobre el origen de esa ola de violencia en San José Pinula y pesaban enormes sospechas sobre muchos, hasta que la labor de fiscalía, eficientemente efectuada, permitió la captura de uno de los candidatos que estaba saliendo, a sangre fría y con brutalidad, de sus adversarios.
No creemos, como el dirigente de LIDER, en la pena de muerte aunque suponemos que el doctor Baldizón se ha de convertir en acusador particular en este caso para pedirla contra su correligionario. Sin embargo, sí esperamos que el peso de la ley caiga sobre quien tuvo las agallas para darle vuelo de esa forma a su ambición, pensando que la única forma de ganar era ir matando uno a uno a sus contendientes, lo cual es evidencia de cuán bajo ha caído nuestro modelito político.