Al ver pasar el tiempo y con él el incesante decaimiento de nuestro país, no queda más que preguntarnos sobre cuál podrá ser el futuro de Guatemala. El actual presidente constitucional de la República, Otto Pérez Molina, en su campaña política, hizo ofrecimientos engañosos a la población para tomar las riendas del gobierno, con la supuesta finalidad de mejorar la situación general de los cándidos habitantes de nuestro país. El resultado al mediano plazo está a la vista y es catastrófico.
“Mi Gobierno será con mano dura; voy a combatir el crimen organizado y toda la violencia con el Ejército… se crearán estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz”, ensalzó en sus discursos Pérez Molina. Apeló, inclusive, a restituir “fuerzas de tarea” (task forces o grupos paramilitares), una táctica militar empleada por el Ejército contra la guerrilla tanto en Guatemala como en gran parte de Latinoamérica durante las décadas de los años 70, 80 y 90 cuando avasalló la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Muchas contrapartes del Partido Patriota en Guatemala, incluyendo representantes de países con mayor conocimiento de lo que verdaderamente representa un Estado democrático, expresaron su gran preocupación ante el discurso de Otto Pérez y advirtieron sobre el inminente perfil de mayor violencia institucional y de la ola represiva… que apuntaría principalmente a los defensores de derechos humanos y al movimiento social en su totalidad, incluyendo el asesinato de periodistas.
La violencia institucionalizada, como la que existe en Guatemala, en donde el verdadero poder se esconde o se mimetiza detrás de las acciones del ejército, tiene por lo menos dos vertientes que permanecen latentes e inamovibles en la mente de los guatemaltecos: La seguridad alimentaria y la persecución de quienes se atreven a defender los derechos civiles y los derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros.
Las sugerencias y opiniones de científicos sociales guatemaltecos y foráneos son absolutamente desoídas por los actuales gobernantes, quienes han ampliado la idea de simplemente tomar el puesto para despojar impunemente a los guatemaltecos, especialmente a lo que todavía podría existir de clase media, a los pobres y de pobreza extrema. La crisis alimentaria prolongada que sigue causando estragos en Guatemala y el clima de criminalización y persecución de los defensores de derechos humanos es alarmante. Desgraciadamente la población, dentro de su desconocimiento, acepta estas cosas como normales… por ancestral condicionamiento. Esto es lo que permite a los zánganos hacer lo que se les dé la gana. La ciudadanía delega el poder y torpemente… faculta la impunidad.
Las cosas han cambiado para peor en Guatemala. Es preocupante el tema de la soberanía alimentaria. No se vislumbra un accionar coherente de las autoridades ni de la comunidad internacional para mitigar el problema. Lo que se ve como una galopante tragedia es que con sus riquezas naturales Guatemala podría alimentar a toda Centroamérica, pero las mayorías ciudadanas sufren en la actualidad una creciente carencia alimenticia que podría llevarlos a la hambruna.
Detrás de esta contradicción del modelo económico actual, grandes extensiones de tierras cultivables son entregadas indiscriminadamente a trasnacionales mineras o de agro-combustibles, lo que vulnera la producción indígena-campesina y condena a esos sectores a mayor marginación, a más ignorancia y al hambre permanente.
Evidentemente, eso ha dado Otto Pérez a Guatemala. Por esa razón es muy importante reflexionar por qué un país tan rico como Guatemala padece de crisis alimentaria persistente, a pesar que la propaganda presidencial expone lo contrario. La ciudadanía tiene la obligación de tomar las acciones pertinentes para resolver su problema. Para eso existe la Constitución.
Está más que visto que este gobierno no lo hará.