El viernes 4 de octubre se está cumpliendo el primer aniversario de una de las últimas masacres cometidas por elementos del Ejército Nacional después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, dirigida contra comunidades indígenas Maya K’iche’s de Totonicapán, que protestaban pacíficamente y que dejó un saldo trágico de ocho fallecidos y treinta y cuatro heridos por proyectiles de armas de fuego, disparadas indiscriminadamente ese día por los militares. Los hechos citados ocurrieron en el kilómetro 169 de la carretera Interamericana, en el lugar conocido como la cumbre de Alaska.
La protesta fue organizada por representantes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, situado en el occidente de la capital guatemalteca, la que bloqueó tramos de la carretera Interamericana. La masiva participación de los pobladores indígenas, se convocó para rechazar el alza de las tarifas de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), oponerse al funcionamiento de hidroeléctricas y la política minera contenida en la reforma constitucional –que en ese entonces propugnaba el Jefe del Ejecutivo,– así como la extensión de la carrera magisterial, éstas fueron las peticiones principales que también recibieron el respaldo del movimiento popular nacional.
La manifestación indígena garantizada como un derecho en la Constitución Política, fue innecesariamente reprimida por el Ejército, lo que provocó el saldo de víctimas civiles desarmadas ya citado y el de ocho soldados golpeados y con heridas leves ocasionadas por piedras que utilizaron los pobladores para defenderse del ataque armado. El hecho también acrecentó, el desgaste y desprestigio generalizado contra la institución armada.
La acción violenta de los militares, calificada por la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH como ejecución extrajudicial, violó los artículos 2, 26, 28 y 33 de la Constitución Política de la República, así como instrumentos internacionales de derechos humanos aceptados por el Estado de Guatemala.
Usar métodos alternativos de resolución de conflictos, tales como el diálogo y la negociación para evitar la confrontación y la violencia, es lo más inteligente y rinde frutos positivos, así lo demuestra el caso reciente de la conflictividad social en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, cuando otra protesta de los pobladores que resisten a las operaciones de la hidroeléctrica Santa Cruz, generó fuertes disturbios y una respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mediante acciones violentas de la Policía Nacional Civil PNC y del Ejército. Es injustificable que en ese contexto, haya ocurrido en circunstancias confusas la muerte de un soldado.
En el caso de Barillas para no agravar la situación imperante, los gobernantes entendieron que el mejor camino era dialogar, negociar para buscar soluciones racionales y civilizadas, así lo hizo el Ministro de Gobernación, teniente coronel Mauricio López Bonilla, quien logró calmar los ánimos, pero como en algunos casos “hay pelos en la sopa”, es pertinente decir también las cosas negativas, señalar el discurso amenazante, racista y xenófobo que el citado Ministro hizo alarde ante los medios de prensa y que son una característica recurrente de los actuales funcionarios gubernamentales.
Señores gobernantes, ese tipo de discurso hay que erradicarlo porque lejos de contribuir a la paz social, aumenta la confrontación y da lugar a que otros militares cacareen en el mismo sentido, como lo hicieron los de la fundación contra el terrorismo, que arremetieron en contra de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos OACNUDH de las Naciones Unidas.
P.S. Mañana sábado 5 de octubre, se cumplen 18 años de la masacre de XAMÁN, Chisec, Alta Verapaz, una de tantas cometida en 1995, contra los pobladores Maya K’ekchí de esa comunidad. Y como ocurre con la mayoría de hechos de tanta magnitud, la impunidad sigue protegiendo a los agentes del Estado responsables de esa masacre.