Las recientes capturas de servidores públicos que incluyen a trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Registro de Información Catastral (RIC), empleados del Registro Nacional de Personas (Renap) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), demuestran un fuerte deterioro de la institucionalidad pública y una “cacería de brujas”, pues se ataca a los mandos medios y no a los mandos de decisión, opinaron analistas.

Los investigadores consultados coincidieron en que las masivas capturas de empleados y funcionarios públicos, que se han registrado en las últimas semanas, resaltan la urgencia de las reformas a la Ley de Servicio Civil en el Congreso de la República, para acabar con los focos de corrupción dentro de las instituciones del Estado y empezar a colocar personas con capacidad y experiencia en administración pública en cada uno de los cargos.

Ayer, el Juez Décimo del Ramo Penal, Walter Villatoro, decidió otorgar libertad bajo fianza a las 4 personas capturadas el pasado jueves por su presunta participación en la falsificación de documentos para beneficio de extranjeros en el Renap, aunque continúan ligados a procesos por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y abuso de poder.

Al respecto, Luis Mack, analista independiente, manifestó que las capturas contra empleados públicos generan suspicacia, porque en la mayoría de procesos penales se desestiman los casos posteriormente por falta de pruebas, y por lo tanto se recurre a otorgar medidas sustitutivas mientras continúan las investigaciones.
 
María Isabel Bonilla, analista del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN), indicó que es urgente que se tomen medidas al respecto, como las reformas a la Ley de Servicio Civil, así como un sistema de evaluación de desempeño constante en cada una de las instituciones del Estado. Además, señaló que en muchas ocasiones, las investigaciones contra empleados o funcionarios solo llegan a mandos medios por falta de voluntad de las autoridades competentes.

Finalmente, para Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), el factor común en las recientes aprehensiones es que se están dando en instituciones autónomas y es por eso que se hace más difícil establecer un sistema de fiscalización en pro de la erradicación de actos ilícitos en las mismas entidades.

El investigador de la Usac indicó que esta situación se da también porque los funcionarios públicos llegan a los cargos por favores de índole político y no por capacidad, con la idea de realizar negocios “oscuros” y otras prácticas que corrompen el Estado.