Recientemente se ha publicado que en Centroamérica existen 965 personas cuyos patrimonios son superiores a US$30 millones cada uno, hecho por el que se les califica de ultra-ricos; correspondiendo a Guatemala 235 personas, siguiéndole Honduras con 205, Nicaragua con 190, El Salvador con 145, Panamá con 105 y Costa Rica con 85. Ello no debe ser motivo de antagonismo por cuanto la riqueza no debe significar que el resto de los habitantes reaccionen negativamente hacia quienes han tenido la capacidad de acumular fortunas.

En el resto de América, como es fácil de presumir, Estados Unidos es la nación con más ultra-ricos, contando con 60,290. Brasil es el país con más ultra-ricos en América Latina, sumando 4,640 personas, le sigue México con 3,240, continuando Argentina con 1,040.

Después de publicada esta información, ha coincidido que se efectúe el 68 período de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, a la que han concurrido un elevadísimo número de presidentes a exponer la situación de sus países y criterios sobre la realidad mundial. Como era de esperarse, los mensajes han tenido varias coincidencias y dentro de ellos se ha abordado el tema de la pobreza y de la extrema pobreza.

En ese aspecto, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli ha destacado por lo acertado de sus planteamientos, por señalar y reconocer que la pobreza no puede ser superada en ningún país si ello no se hace reconociendo la gran importancia de la educación adecuada que le permita a cada uno de los pobladores contar con los elementos para salir de la pobreza, resaltando que es a través de los salarios justos como puede una persona superar sus condiciones sociales y económicas, dejando de estar en la ultra-pobreza, no para llegar a la ultra-riqueza sino adquirir una situación de vida digna dentro de la clase media.

Si bien los presidentes y sus gobiernos no pueden en un solo período resolver este problema mundial, la meta del milenio, que pronto vencerá su plazo, evidenciará, por ejemplo, que Brasil, Panamá y la mayor parte de países latinoamericanos han reducido la ultra-pobreza. Para nuestra “vergüenza”, evidenciará que los gobiernos de Guatemala no se han atrevido a producir suficientes soluciones que permitan que más de la mitad de los guatemaltecos tengan los medios mínimos para adquirir la canasta básica alimenticia y más grave aún, no han logrado impedir que los precios continúen en un franco incremento, que no se justifica cuando se comparan los precios de esos mismos productos en el resto de América Latina.

Por ello, es obligatorio criticar a los gobiernos de Óscar Berger, de Álvaro Colom y al que preside Otto Pérez Molina, que se han subordinado a un neoliberalismo, donde existen barreras no arancelarias y privilegios que les permiten a los fabricantes de los  productos alimenticios, especialmente las pastas, los cereales, el pollo, la carne, los huevos, los detergentes y demás productos de uso diario, en algunos casos, hasta el 100% de mayor precio de esos mismos productos en México, hecho que obliga a miles de guatemaltecos a realizar sus compras en las ciudades colindantes de ese país con Petén, San Marcos y Quetzaltenango y que también propicia que en los mercados públicos de esas áreas la oferta sea de productos traídos de México y de productos elaborados en Guatemala.

Si una familia cruza una vez al mes y adquiere su canasta básica, no se le puede calificar de contrabando por cuanto está previsto, legalmente, que por cada pasaporte pueden ingresar al territorio nacional una cantidad razonable de bienes adquiridos para su consumo.
¡Guatemala es primero!