“Un robo como ese le puede suceder no sólo a Guatemala, sino a cualquier país. No es que nosotros lo queramos minimizar.”
(Declaraciones del presidente Pérez al referirse al robo de granadas en el Comando Aéreo del Norte.) Septiembre 2013.
El último robo recién “descubierto” de mil 449 granadas para fusil M79 que estaban en el polvorín de la Primera Brigada de Infantería, donde también funciona el Comando Aéreo del Norte en el Petén, se suma a otros que continúan en el misterio. Según declaraciones del Gobernante Pérez publicadas en medios de prensa local, por ese hecho fue destituido el Coronel Carlos Estuardo Avendaño Leiva, Jefe del Comando Aéreo del Norte y sancionado el especialista Elvis Najarro Arana, custodio del polvorín localizado en esa instalación militar.
También el Gobernante Pérez ha negado que el General Rudy Ortiz Ruiz, actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa, tenga responsabilidad en la desaparición de las mil 449 granadas sustraídas del polvorín cuando éste último era el Comandante de la Primera Brigada de Infantería.
El robo continuado de armas y municiones del Estado en poder y custodia del Ejército Nacional, ocurre en el interior de instalaciones militares del país desde hace varios años, sin que hasta ahora se aclare ninguno de los hechos del conocimiento público, sin que se someta a la justicia a actores materiales e intelectuales y sin que se recupere el armamento perdido.
¿Acaso la institución armada es otro poder paralelo como muchos aseguran? ¿Es que en el Ejército operan grupos fácticos al servicio de intereses corporativos, oligárquicos o del crimen organizado? ¿Por qué los altos mandos militares manejan este delicado asunto con tanta opacidad? ¿Qué resultados tangibles han logrado conseguir los investigadores del Ministerio Público y operadores de la justicia?
Las respuestas a estas y otras interrogantes siguen sin resolverse, mientras la tolerancia, la impunidad y a lo mejor la complicidad de militares y funcionarios de Gobierno, siguen burlando las leyes y entorpeciendo las investigaciones para evitar que se descubra la verdad y a quiénes están detrás de estos robos.
¿Qué destino han tenido los fusiles, granadas y miles de municiones sustraídos de las instalaciones castrenses? Algunas veces, Oficiales de alto rango de la institución armada, han declarado sin ningún sustento que existe la probabilidad de que las armas y municiones desaparecidas de los cuarteles, pasen al servicio de grupos del crimen organizado o a manos de cárteles del narco tráfico. Estas especulaciones intentan imponer una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas intenciones que motivan los robos citados. ¿No será que el escamoteo de armas responde a planes estratégicos conspirativos o a transacciones ilegales? Lo único cierto es que en la institución armada hay ladrones, que siguen y seguirán sustrayendo armas y municiones para abastecer y satisfacer intereses perversos.
Mientras esto ocurre, el Gobernante Pérez ha instruido al recién nombrado Embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, para que insista ante las autoridades y el Departamento de Estado estadounidense, que se levante el embargo de armas a Guatemala por parte de los Estados Unidos de América, impuesto desde la administración del presidente Carter en 1977, debido a las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Ejército Nacional en contra de la población guatemalteca. Veremos si el lobby del nuevo Embajador, logra el éxito deseado por los militares guatemaltecos.
El embargo estadounidense se mantiene, porque no hay progresos significativos en el respeto a los Derechos Humanos, porque persiste la conducta abusiva de los militares, porque las masacres continúan.
En la memoria colectiva está presente que el próximo 4 de octubre, se cumple un año de la masacre ocurrida en la cumbre de Alaska cometida por elementos castrenses en contra de pobladores indígenas de Totonicapán. ¿Entonces qué?