El gobierno de Guatemala creó un centro de arbitraje para solucionar cientos de problemas históricos territoriales, muchos de los cuales han derivado en violencia por los enfrentamientos entre pobladores o a raíz de los desalojos forzados.
El llamado Centro de Arbitraje funcionará como un método intermedio entre la conciliación y las resoluciones judiciales, y para comenzar cuenta ya con unos 200 casos de disputas territoriales en las zonas más conflictivas del país, precisó la titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), Mariel Aguilar.
La funcionaria aclaró que los arbitrajes, que no tendrán vínculo con el sistema judicial, pretenden lograr un acuerdo entre dos partes en conflicto, el cual se realizaría de mutuo acuerdo por medio de un árbitro por cada una.
De acuerdo con Aguilar, los árbitros, en consulta con la SAA -que proveería estudios legales y catastrales-, presentarían un dictamen final sobre el problema, el cual sería acatado por los actores en contienda.
La titular de la SAA detalló que las primeras regiones donde se pondrá a prueba esta nueva modalidad será en Izabal (noreste), Alta Verapaz y Petén (ambos en el norte).
«Es algo voluntario que se podrá aplicar en el 15% de los mil casos que están pendientes, pues es necesario que ambas partes sean propietarias de la tierra. No se puede hacer en caso de invasión», aclaró Aguilar.
«La idea es desjudicializar peleas por territorios que no han llegado a problemas que ameriten sanciones penales. Esto se puede aplicar en los casos en los cuales haya una libre disposición conforme a derecho», agregó, ílvaro Castellanos, uno de los consultores que asesoraron en la propuesta.
Aunque la propuesta es bien recibida por la cúpula empresarial y campesinos, los segundos consideran tardía la iniciativa y demandan también la creación de Tribunales Agrarios debido a que el 90% de los conflictos no podrá ser dirimido en arbitrajes, pues existen procesos penales por invasiones o usurpaciones.
El dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), Juan Tiney, afirmó que no hubo voluntad política «para impulsar antes los arbitrajes, lo cual provocó que hubiera muchos desalojos».
La propuesta de los Tribunales no es respaldada por la conservadora Cámara del Agro y su presidente, Carlos Zúñiga, salió al paso al considerar que carecen de fundamento, porque el marco jurídico actual puede resolver ese tipo de conflictos.
«Será una forma de hacer justicia sin deteriorar el tejido social (…). Es un esfuerzo para identificar oportunidades para combatir la pobreza, así como para el desarrollo de la integración nacional», agregó Zúniga.
Sin embargo, el vicepresidente del país, Eduardo Stein, llamó a la calma al considerar que a esta administración le será difícil conocer los primeros casos debido al proceso electoral que terminará el próximo 9 de setiembre cuando se elija a las nuevas autoridades.
Actualmente existen más de 1.000 conflictos agrarios en Guatemala. Las disputas territoriales han provocado enfrentamientos entre pobladores, así como desalojos violentos que han causado la muerte de campesinos y policías.