Ayer el Fiscal General dio por cerrado el caso del asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano en lo que a la investigación se refiere, puesto que dijo que todo está «clarí­simamente aclarado». De acuerdo con esa explicación, uno supondrí­a que autores materiales, autores intelectuales, cómplices y encubridores están todos sometidos ya a los tribunales de justicia y que las pruebas son de tal contundencia como para que no haya escapatoria posible.

Lo primero que vale la pena preguntar es quién o quiénes mataron a los agentes de la Policí­a Nacional Civil en el interior de la cárcel El Boquerón. El fiscal a cargo del caso insiste en que fueron los mareros que estaban en ese presidio quienes actuaron simplemente porque como eran policí­as los otros presos, habí­a que matarlos. Nunca se esclareció plenamente por qué fue que los mandaron a ese presidio pasando sobre las órdenes judiciales ni tampoco las versiones de testigos que vieron entrar a un comando encapuchado.

Tampoco queda claro cuál fue la participación de los jefes de los cuatro policí­as asesinados y de los otros implicados. Aparentemente, según se desprende de la versión oficial, éstos habrí­an actuado sin consultar con nadie, simplemente por sus pistolas, no obstante que se trataba de diputados del Parlacen. Versiones de que habí­an llamado a sus superiores para preguntar qué hací­an no fueron indagadas como corresponde porque es más cómodo encontrar la «clara claridad» dejando que el caso termine con los muertos. Al fin y al cabo, ellos ya no pueden incriminar a nadie ni evidenciar que el sistema estaba totalmente carcomido.

La tesis de que esos mismos agentes actuaban en el marco de la limpieza social y que lo hací­an recibiendo instrucciones precisas de sus superiores no fue nunca indagada, pese a que hay otros casos en los que le «tumbaron» la mercaderí­a o el dinero a sus ví­ctimas. Todo indica que ese fue el caso del múltiple asesinato con los diputados del Parlamento Centroamericano y que los agentes buscaban droga o dinero para robárselo.

Todo queda, según la tesis que ahora nos presenta el Ministerio Público, en la teorí­a de la «burrada», es decir, aceptando la validez de las palabras que atribuyeron al comisario Herrera en el sentido de que lo que hicieron fue cometer una burrada. Fácil, sencillo y sin complicaciones, se cierra uno de los casos paradigmáticos que poní­a en entredicho a todo el sistema y al Estado. Y a los ciudadanos nos queda «clarí­simamente aclarado» que aquí­ sigue en pie la impunidad, la protección a los peces gordos y que no existe voluntad para resolver los casos.

No hace falta que el FBI o alguien diga que la pita se volvió a romper por lo más delgado como es tradición en nuestro medio. Salta a la vista, mi amigo, que aquí­ subsiste la misma flor floreada.