Todo el mundo sufre las repercusiones del cambio climático, pero Guatemala se ve especialmente vulnerada debido a la ubicación geográfica, las características socioeconómicas de la población y el grado de deterioro ambiental, y aunque el país ya cuenta con una Ley de Cambio Climático, la poca capacidad de respuesta del Estado ante los trastornos del clima y la falta de voluntad política la ubican en el grupo de leyes que aun estando vigentes permanecerán engavetadas.

A pesar que vivimos de tragedia en tragedia y que sufren los más necesitados, las autoridades no le dan la suficiente atención al tema.

Guatemala destina 3.5% de su presupuesto a las gestiones ambientales

Ante la imperante necesidad de aplicar planes de prevención, que preparen al país entero para afrontar la próxima crisis ambiental que podría afectar la región se creó la Ley Marco para regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.

Paralelamente a la creación y publicación de esta ley, han surgido opiniones diferentes sobre las debilidades y fortalezas de la misma, como la falta de mecanismos financieros que darían vida a la enormidad de los planes, proyectos y acciones de prevención para mitigar el cambio climático.

A decir de Flavio Yojcom, diputado ponente de la Ley, a pesar de que la legislación tiene mucho en contra, se debe de tomar en cuenta que la misma es “un marco”, es decir, que servirá para impulsar la prevención del Estado ante los efectos negativos del cambio climático, asignando a diferentes instituciones papeles de acción a implementar.

“El protagonismo egoísta de algunos hace que se vea la debilidad de la ley, pero si todos colaboráramos de verdad, -para- hacer que esta ley se implemente eficientemente, seguramente, esta ley marco nos ayudara a que nos preparemos ante cualquier eventualidad que se pueda dar en el país. Asimismo, -podría- minimizar los costos que puedan darse para el país, que se dan por los efectos negativos del cambio climático, tanto de vidas humanas como también del sector económico”, asegura el parlamentario.

Por otro lado, que la ley sea de tipo “marco” es comprensible, explica Vinicio Cerezo, director de la organización Fundaeco, pues los aspectos a abarcar en materia climática son demasiados, ya que la adaptación va desde la construcción de mejores carreteras hasta desarrollar semillas criollas resistentes al cambio de clima, y desde la reforestación y conservación de los bosques, hasta  los planes de uso racional de agua en las ciudades.

“La adaptación al cambio climático es tan amplia e implica tantas acciones que no se podía llegar al detalle de cada una de ellas en una ley marco”, asegura el analista en medio ambiente.

En este sentido, la especificación de la Ley deberá darse en los planes que las instituciones desarrollen, no solo a nivel programático sino en escalas territoriales específicas, por ejemplo, los municipios con alta vulnerabilidad de inundaciones, tendrán que tener un plan de adaptación que atienda esa problemática.

En cuanto a la implementación exitosa de la normativa, esta dependerá en las  capacidades de las instancias para llevar a cabo las acciones que pide la ley.  A consideración de Cerezo, en un principio habrá una limitante, debido a las capacidades limitadas de las instituciones, sin embargo, la ley constituye un mandato para fortalecerlas y así poder cumplir con ella.

DEBILIDADES

Cerezo opina que la principal debilidad de la ley se debe a que en un principio se planteó la incorporación de mecanismos financieros al Fondo Nacional de Cambio Climático,  como el cobro de impuestos o el uso de transferencias financieras específicas, pero debido a la dificultad fiscal y financiera en la que se encuentra Guatemala se eliminaron estos, lo que resultará en que, año con año se tengan que gestionar los recursos necesarios para implementar la ley.

Por aparte, Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), menciona tres grandes debilidades en la ley. La primera, es que no aborda el tema de los recursos hídricos, que considera un tema crucial para lograr una eficaz adaptación y mitigación del cambio climático.  La segunda, que la Ley difícilmente podrá ser aplicada pues no cuenta con los recursos necesarios, debido a lo antes mencionado por Cerezo y, en tercer lugar, la normativa no aclara cómo se compartirán los beneficios de temas de mitigación y compensación.

Así también, Melini dijo que no está de acuerdo con que se crean leyes tipo “marco”, pues la Ley tiene que ser clara,  con “pertinencia y trascendencia, del tema que está regulando, las normas que está estableciendo, la institucionalidad y la operación presupuestaria”.

Para el ambientalista de CALAS, crear una ley marco es un mero simbolismo, sin usos reales e importantes. Esto porque considera que la institucionalidad actual no tiene interés en el tema, refiriéndose al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que además no cuenta con presupuesto para abordar los temas ambientales.

Al preguntarle si la ley contaba con algún tipo de fortaleza, Melini se limitó a decir que la ley llega tarde y sin dientes, y su surgimiento se debe a la coyuntura política que se vive en el Congreso. “Al aprobarla, -los diputados- dicen que hicieron algo”, expresa.

Además,  agrega que aunque el gobierno empieza a incluirla dentro de los temas a abordar, esta es considerada menos que “Cenicienta”. En este punto, Melini opina que para hacer las cosas correctamente se tendría que derogar la actual ley de cambio climático y formular una nueva.

FACTOR ECONÓMICO

Ante tal panorama, Yojcom aboga por la ley de Cambio Climático como una buena herramienta para que el país se prepare y la población no sufra tanto al momento en que se presenten desastres naturales.

“En el Congreso de la República existe muy buena voluntad de que se indique en cada presupuesto una cantidad que sirva al fondo para que tenga su equipo, mínimo, de trabajo y empiece a gestionar los recursos necesarios para que haya prevención en el país”, asegura.

Aun así, en la ley no se especifica un porcentaje de lo que todas las instituciones tendrían que destinar para el cumplimento de la normativa. Esto lo atribuye el parlamentario a la “alta de fe” del Ejecutivo en la ley.

Es así que “se dejó a discreción, propiamente, de cada institución que tiene que ver mucho con la implementación de esta ley, el porcentaje de su presupuesto que dirija a estas acciones de prevención en el país”, aclara.

Así también, Yojcom explica que el Fondo no se utilizará como bolsón para poder atender emergencias que surjan a raíz del cambio climático, sino que se utilizará para proyectos de prevención.

Ejemplo de ello, es que el Ministerio de Educación (Mineduc), deberá de aplicar programas dirigidos al cuidado del medio ambiente, para que de esta manera maestros, estudiantes y padres sepan enfrentar la posible deforestación,  o el exceso de basura ocasionada por el continuo consumo de productos con envase plástico, etc.

ASPECTOS POSITIVOS

En contra parte, Cerezo considera que no todo está mal en la ley, ya que su creación es un punto importante y positivo, pues permite aclarar el marco jurídico para el desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación en el sector forestal. La Ley también aclara la propiedad jurídica del carbono forestal que apoyará a la atracción de inversiones para proyectos de carbono forestal en Guatemala.

En aspectos generales, el director de Fundaeco, opina que la normativa es “pionera”, ya que busca integrar la adaptación al cambio en todo los aspectos del que hacer del Estado. “En ese sentido, nos parece buena ley, una Ley de avanzada, que puede ayudar al país a prepararse, eficazmente,  contra los cambios adversos que va a tener el cambio climático en Guatemala”, señala.

En el área regional, Guatemala es el tercer país de América Latina con una ley de este tipo, según información del Banco Mundial.

Un aspecto positivo de la normativa es el candado que se añadió al presupuesto que cada entidad deberá de destinar al Fondo, para el funcionamiento de programas y proyectos, los cuales serían intransferibles, pero el problema radica en el porcentaje que cada instancia dedicara a la normativa, y esto podría limitar el cumplimiento de la misma.

PASOS A SEGUIR

Según el Director de Fundaeco,  el siguiente paso a seguir sería la elaboración de un amplio proceso de divulgación de la ley, principalmente, a quienes se dirige la ley, y en segundo lugar velar porque el Ministerio de Finanzas desarrolle los mecanismos financieros para apoyar su cumplimiento. Pero para lograr una adaptación efectiva es necesario reorientar las inversiones, opina.

Luego de esto corresponde elaborar los reglamentos y por último, implementar los mandatos de la ley, por parte del gobierno, las municipalidades y los actores de la sociedad civil y el sector empresarial.

 “No estamos de brazos cruzados, esperando a que la ley sea publicada sino que ya estamos trabajando en iniciativas que van a avanzar un poco más rápido gracias a la ley de Cambio Climático”, indica Cerezo, quien agrega que el reto ahora es que la sociedad impulse la aplicación efectiva de esa ley, para lograr la adaptación al cambio climático que ya está impactando a la sociedad, sobre todo a las comunidades más pobres, que son las que ocupan los lugares de mayor riesgo.

Por otro lado, todas las instituciones están obligadas a promover y facilitar acciones de divulgación, concienciación, sensibilización respecto al cambio climático, que conlleve a la participación proactiva, y además se incluye a instituciones privadas.

Sobre la compensación de emisiones, la ley establece que el sujeto o empresa que genere mayores cantidades de efecto invernadero con el fin de producir energía eléctrica deberá de realizar una compensación pero no económica, sino de acción, mediante el desarrollo de actividades que reduzcan o absorban dichas emisiones, por lo que surgió la duda de si el sector privado había sido consultado al respecto.

A decir de Yojcom, la meta de cambio climático sí consultó con este sector tanto así que se llegó a un acuerdo de apoyar la implementación de la ley. En adelante, la respuesta al cambio climático dependerá del presupuesto asignado a este tema, y al fortalecimiento y compromiso de las instituciones, autoridades y la ciudadanía.