Como los funcionarios electos y designados responsables de la seguridad ciudadana no hacen el mínimo esfuerzo por cumplir con lo que la Constitución les ordena, me parece una idea acertada que los empresarios y comerciantes tomen más medidas de las que ya toman en la actualidad para resguardar su integridad física y la de sus colaboradores. No veo como una idea descabellada que en poco tiempo encontremos en las calles de algunos sectores urbanos del país seguridad privada a las órdenes de un ente privado conformado por vecinos electos para el efecto. De hecho ya existen varios modelos o variantes de ese esquema en funcionamiento el día de hoy.

¿Sabía usted que existen empresas privadas de seguridad que llegan incluso a instalar puestos de control a lo largo de las principales rutas comerciales del país para poder controlar el robo de vehículos de transporte de mercancías?
¿Acaso no ha notado que en casi todos los comercios del país hay un fuerte costo de agentes de seguridad privada y muchísimos métodos adicionales para evitar los robos?

¿Se ha dado cuenta como han proliferado las blindadoras para satisfacer una alta demanda generada básicamente por la violencia y delincuencia común?

¿Existe acaso hoy en día un solo condominio o colonia que no haya optado por cerrar calles e instalar garitas?

La suma del costo de todos estos métodos ronda los miles de millones de quetzales que año con año salen de los bolsillos de personas que ante la pasividad y fracaso de los funcionarios y de nuestro sistema para cumplir con su mandato, no tienen otra opción que pagar un sobreprecio exorbitante para protegerse.  Si entendemos que los recursos son siempre limitados o escasos ante las necesidades, en el caso de los empresarios y de las economías familiares, ese sobreprecio no hace más que mermar las utilidades o el ahorro de los agentes económicos.  La consecuencia directa de esta merma es el sacrificio o costo de oportunidad que hay que tomar en detrimento de más inversión y empleo productivo en el caso de las empresas y ahorro y calidad de vida en el caso de los individuos.

Los guatemaltecos, todos, necesitamos hacernos un examen de conciencia para determinar si nuestra seguridad física y jurídica está o no en la punta de nuestra pirámide de necesidades o preferencias porque actualmente anteponemos muchísimas cosas que,  aunque son importantes, no se comparan con la calidad de vida que esas garantías constitucionales nos pueden dar.  El reflejo actual de nuestras prioridades lo podemos ver en el presupuesto de la nación que de forma indirecta los guatemaltecos hemos aprobado y consentido durante años.  Debemos elegir a funcionarios que puedan reversar lo actuado y darle a la seguridad física y jurídica la importancia que merece.  Mientras tanto, tendremos que seguir pagando un precio carísimo para protegernos de los amigos de lo ajeno y enemigos de la vida.
Como ya la situación es incontrolable e inaceptable, sospecho que dentro de poco vecinos de sectores completos de ciertas áreas geográficas del país y de esta capital se organizarán para sustituir la función del Estado en términos de seguridad.  El problema de fondo será que la lucha contra la inseguridad, que si es sustituible o cuando menos complementaria a nivel privado, se topará con un muro sólido y bien cimentado cuando trate de llevar a la justicia a los malos ciudadanos que participan en la ilegal conducta del crimen.  Pero por lo que se ve hasta ahora no habrá otra opción que la de seguir aumentando nuestro presupuesto para estos fines.