La ley contra el robo de celulares recientemente aprobada por el Congreso de Guatemala, es una ley destinada al fracaso. Es un “remedio” que resultará peor que la enfermedad, pues fomentará las extorsiones y otros actos al margen de la ley. Por eso no es aventurado señalar que se trata de una ley descabellada, la cual debe ser impugnada lo antes posible.
No dudamos de las buenas intenciones que animaron a los diputados ponentes Nineth Montenegro y Oscar Chinchilla, pero todo indica que se equivocaron al no medir los alcances de las normas contenidas en ese instrumento legal, especialmente la que dispone la creación de un registro de usuarios de los llamados teléfonos tarjeteros.
En efecto, entre las principales disposiciones, resalta la obligatoriedad de reportar en un período de treinta y seis meses, los números de los teléfonos móviles, para que los mismos no sean considerados “anónimos”.
La Comisión de Comunicaciones del Congreso, acordó en consenso que una de las herramientas positivas es que si existe un delito, el Ministerio Público tomará el número y coordinará con las empresas telefónicas para rastrear al dueño del celular por medio del Documento Personal de Identificación, DPI.
Según una declaración del Presidente de esa comisión, diputado Luis Contreras, publicada en el diario El Periódico (18/09/2013), “Si alguien amenaza o comete cualquier delito por medio de un aparato móvil, se puede dar con el propietario”.
En teoría todo esto debería verse con buenos ojos, pero la realidad será muy distinta, pues el registro será un arma de dos filos al abrir el camino para que los delincuentes extorsionen a los propietarios de los teléfonos, ya que dispondrán de toda la información básica de los mismos.
Los ponentes olvidaron muy pronto, que la empresa que anualmente edita el Directorio Telefónico, en una acción para contrarrestar el riesgo de las extorsiones, desde hace dos o tres años dejó de publicar los números de los teléfonos particulares, los nombres de los titulares y sus direcciones. Por eso es que en la actualidad, la Guía Telefónica como también se le conoce, no es voluminosa como en el pasado.
Con todo el problema de corrupción que ha invadido las esferas públicas y las privadas, nadie puede garantizar que la base de datos de los usuarios de teléfonos celulares no será vendida y que no caerá en “malas manos”.
Si los propietarios de los móviles no registran los datos, incurrirán en una ilegalidad y sus aparatos perfectamente podrían ser considerados como robados. Según la nueva ley, por el robo de teléfonos se impondrán penas de prisión muy severas.
La solución radica en “la buena voluntad”, de las empresas telefónicas para desactivar los celulares mal habidos tan pronto reciban el aviso respectivo, y no poniendo en peligro la seguridad de los usuarios.