La casta política guatemalteca lleva mucho tiempo de distinguirse por el incumplimiento de sus promesas electorales o si usted prefiere de sus compromisos adquiridos. Al contrario, se han ido transformando en muestrario de lo que no debe hacerse en materia política, ética y moral. Por ello considero que no debieran merecer nuestra confianza para tomar ni un solo centavo más de las contribuciones que pagamos, utilizándolo para aumentar el monto del financiamiento por voto actual que reciben, mucho menos, ponerse a disponer antojadizos cambios a la Ley Electoral, los que debieran provenir directamente de la ciudadanía que se ha visto burlada por tantos años, si es que vivimos en democracia.

Antes de seguir adelante permítame hacerle una pregunta, estimado lector, ¿estaría usted dispuesto a seguir dejando en manos de quienes han defraudado fondos, incumplido la asistencia obligatoria a sus labores o haber desatendido las funciones básicas de su contratación? ¿No, verdad? ¿Entonces cómo es que vayamos a permitir que con modificaciones a las leyes que norman su selección y elección puedan incrementar su ineficiencia legislativa  aún más; que puedan aumentar el ya de por sí innecesario número de 158 diputados, también llamados representantes; como cambiar el sistema de organización del Tribunal Electoral que debiera velar por el imperio de la legalidad, verdad y transparencia de los procesos?
Eso es lo que se viene tramando a nuestras espaldas dentro de las filas politiqueras de nuestro país. Ellos pretenden aumentar de dos a cinco dólares cada voto que recibieran de la ciudadanía como aporte del Estado; ellos esperan seguir dejando que el Tribunal Supremo Electoral haga lo que mejor le plazca, incluyendo dejarles iniciar las campañas electorales a su mejor conveniencia.  ¿Y quién no sabe que las planillas para proponer candidatos a la ciudadanía las siguen integrando bajo el deleznable sistema del mejor postor, puesto que a la pregunta de ¿quién da más? escogen a los candidatos a diputados y lo mismo se repite muchas veces hasta con los cargos de concejales de los municipios más alejados y pobres de nuestro país. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando llegan a ocuparlo tienen la más amplia y completa libertad de hacer cuanto se les antoje ante la mirada condescendiente de las autoridades constituidas para fiscalizarlo y, ¿por qué no decirlo?, también de las suyas y mías, estimado lector, pues con nuestro dócil voto ayudamos mucho a encumbrarlos.

Aquí es cuando cabe hacer la segunda pregunta: ¿está usted dispuesto a seguir el modus operandi o hacerlo todavía más deleznable? Por ello es conveniente aclarar que no es terquedad, empecinamiento o cualquier otra razón la que mueve a buena parte de la población para que de ahora en adelante nos unamos. No permitamos que frente a nuestras propias narices la casta política vaya a seguir haciendo lo que mejor le plazca. ¡Ni es conveniente para el país ni se lo merecen!