Un análisis realizado por la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), refiere que de enero de 2008 al 12 de septiembre de 2013, murieron 855 personas que viajaban en buses extraurbanos, mientras que más de 4 mil resultaron heridas.

Las principales causas son el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento a los buses y la imprudencia de los conductores.

La muerte de 50 personas en el bus C-041 BGP, de Transportes Sanmartineca, que se precipitó en un barranco el pasado 9 de septiembre, nuevamente evidenció la falta de control y rigurosidad para regular el funcionamiento de los buses extraurbanos de rutas largas y cortas, que transportan a miles de usuarios diariamente.

Édgar Guerra, Defensor de los Usuarios del Transporte, lamenta que solo cuando ocurren tragedias como la reciente, las autoridades prestan atención al problema que afecta al transporte público, pues de lo contrario no se atiende.

Un análisis realizado por la PDH, con estadísticas de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que en 2008 murieron 94 personas y 828 resultaron heridas; en 2009, 125 fallecieron y 418 resultaron con lesiones; en 2010, 82  murieron y no se cuenta con registro de personas heridas; en 2011, 290 perdieron la vida y 1185 resultaron afectadas; en 2012, 140 perecieron y 983 fueron heridas; hasta septiembre de 2013, 124 murieron y 947 quedaron lesionadas.

Según Guerra, las principales causas de los percances viales han sido el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento a los buses y la irresponsabilidad de conductores.  Los orígenes secundarios son la sobrecarga de pasajeros, las lluvias que afectan el desplazamiento vial y la precaria infraestructura de las carreteras.

El entrevistado dice que la forma de conducir de los pilotos es vital para evitar muertes, sin embargo, está comprobado que la imprudencia de los mismos y el descontrol por parte de las autoridades impide prevenir las tragedias que enlutan a la población.

“Hemos visto a pilotos que tienen pésimas prácticas para conducir. Una de ellas es viajar desconectados o en neutro; por ahorrarse Q50 o Q200 en combustible arriesgan la vida de muchos guatemaltecos. Incluso esas prácticas se van heredando de una generación a otra y al final termina en desgracia y tragedia”, reitera.

“MEDIOCRE”

De acuerdo con el representante de la PDH, a pesar de que los percances en los buses son recurrentes, la Dirección General de Transporte (DGT) la cual pertenece al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, no aporta mayores verificaciones de control, por lo que califica a esa institución de “mediocre”.

“El trabajo ha sido escaso, insuficiente, mediocre, toda vez que no se puede justificar que solo cuenta con 21 inspectores. Sigue sucediendo lo mismo. A sabiendas que de lo que ha ocurrido, por ejemplo en el 2008 sucedió lo de la vuelta El Chilero, por el estado de los buses, por la imprudencia de los pilotos, por la poca atención que ofrecen los empresarios al mantenimiento y parque vehicular.  No se puede seguir justificando”, indicó.

Recientemente, Ricardo Goubaud, director de la DGT –institución que regula al transporte extraurbano–, dijo que las inspecciones técnicas a los buses se realizan cuando los propietarios obtienen la licencia del vehículo o la renuevan, pues no es posible que 21 inspectores puedan dedicarse a verificar la flota registrada, que es de aproximadamente 9 mil.

“Le puedo garantizar que de nuestra parte no estamos en la capacidad de realizar inspecciones técnicas vehiculares de una forma sistemática o permanente, porque, como usted comprenderá, la flota o el parque vehicular al cual nosotros atendemos por ser vehículos autorizados con licencia es de nueve mil.  Además, nosotros también atendemos solicitudes para autorización de licencias nuevas”, argumentó el funcionario.

Goubaud agregó que la DGT realiza dos tipos de operativos: uno en base a un cronograma de actividades predeterminadas y el otro por solicitud de transportistas o usuarios que requieren la evaluación de tarifas o de transporte ilegal. 

Al ser consultado sobre los operativos de velocidad que se presumía que realizaba la DGT, respondió que esto no es competencia de dicha institución, sino del Departamento de Tránsito de la institución policial.

“Estos operativos no tienen nada que ver con velocidad. La Ley de Tránsito, que es el Decreto 132-96, establece en su artículo 174 que le corresponde al Departamento de Tránsito vigilar la circulación y la velocidad que las diferentes unidades de transporte extraurbano realizan en la red vial; no está dentro del Reglamento de la DGT supervisar la velocidad en la que circulan las unidades o la flota autorizada por nosotros”, indicó.

La Hora intentó obtener una declaración del ministro y viceministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y Guillermo Sosa, respectivamente, pero ninguno de los dos atendió las llamadas realizadas a su teléfono celular.

MÁS DE 200 POLICÍAS EN TRÁNSITO

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), más de 200 elementos están asignados para atender el tema del transporte.

Dalia Santos, portavoz de la institución, explicó que las acciones de los policías consisten en prevenir, educar y coordinar acciones con las 44 Policías Municipales de Tránsito (PMT).

“Nuestros agentes operativos son de la PNC agregados al Departamento de Tránsito, quienes tienen la facultad de consignar en la vía pública, cuando se identifique un hecho delictivo.  En cuestiones de tránsito, cuando se logra establecer algún tipo de responsabilidad de un piloto pueden proceder a la consignación”, refirió.

Santos indicó que la PNC realiza entre 25 y 30 operativos diarios en distintas rutas del país, donde existe reporte de que no hay PMT o se origina el mayor número de percances viales.

La entrevistada explicó que los puntos identificados con mayores incidentes son la bajada de Las Cañas –en la ruta a Antigua Guatemala– y en la vuelta del Chilero –en la ruta a El Salvador–, entre otros, donde se instalan operativos de control, velocidad, prevención y concientización.

“Cubrimos todo el territorio nacional, pero hemos delegado funciones en algunos departamentos y municipios, como por ejemplo Villa Canales, San Miguel Petapa, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala, Coatepeque, Quetzaltenango. Hay PMT autorizadas y queda en ellas regular el tránsito en esos lugares, por eso nosotros hacemos nuestros operativos en puntos donde no hay cobertura de PMT o puntos rojos”, indicó.

Según el Defensor de los Usuarios, es necesario evaluar la legislación actual y promover una responsabilidad penal en contra de los propietarios de los buses que son manejados por pilotos que chocan y dejan muertos o heridos, asimismo se les debe dar una corresponsabilidad junto a su conductor.

“Debe corresponsabilizarse al piloto y de manera solidaria al propietario, porque él contrata a su conductor y debe evaluar las cualidades para evitar desgracias como las que ocurren anualmente.  Los propietarios de los buses siempre se hacen los desatendidos”, explicó.

El entrevistado indica que la PDH ha recomendado crear una base de datos de los pilotos donde exista el registro de los dueños también.

Actualmente hay responsabilidad penal para los conductores –que causaron muertes o lesiones– que se encuentran en estado etílico, que manejan con sobrecarga o tienen una licencia no apta, pero no para los propietarios de los buses.

PROPUESTA DE LEY

De acuerdo con el diputado Luis Contreras, presidente de la Comisión legislativa de Transporte, actualmente se trabaja en la iniciativa de ley 3779, relacionada a la reducción de velocidad en el transporte público, tema que se analiza en la sala de trabajo.

“Tuvimos la primera reunión con los diputados y les entregué ejemplos de otros países donde está legislado. Busqué España, donde hay restricción de velocidad; Canadá, que lo está haciendo ahorita y también lo quiere hacer con vehículos livianos, y toda la Unión Europea, que está bajo el régimen estricto de las medidas de velocidad”, refirió.

Contreras indicó que la iniciativa fue presentada el miércoles pasado, pues antes de la tragedia de Chimaltenango su propuesta no había tenido eco; el diputado agregó, que el Ministro de Comunicaciones le ofreció el apoyo total para que dicha disposición se convierta en una ley.

“Los desafíos de esta iniciativa son controlar la velocidad, que no pasen de 80 kilómetros por hora y por razones muy lógicas las carreteras no están diseñadas para ese tipo de velocidades en las que estos tipos corren, lo más que debería correr un bus es entre 70 y 75 kilómetros por hora; vamos a ver si bajamos un poco más de lo que habíamos propuesto en un principio. Hay aparatos especiales para controlar la velocidad en los buses que son computarizados y a los que son mecánicos se puede hacer un ajuste a la bomba de inyección”, dijo.

EL SEGURO: UN AVANCE INSUFICIENTE

Hasta antes del gobierno de Alfonso Portillo, los pasajeros de bus extraurbano estaban  más desprotegidos que ahora ya que no contaban ni siquiera con seguro alguno que pudiera resarcir los daños civiles.

A pesar que se reconoce como un avance el hecho que el Acuerdo gubernativo 393-2001 contemple la obligación de los transportistas extraurbanos de contratar un seguro, en la actualidad ha servido para que se pierda de vista la responsabilidad conjunta que deben tener los propietarios de los buses al momento de hacer la selección de sus pilotos, a quienes Gamaliel Chin, el presidente de la Gremial de Rutas Cortas, llama “gerentes de la oficina en tránsito”.

Familiares de las víctimas del reciente accidente que cobró la vida de 50 personas, manifestaron que era urgente que se legisle de tal manera que los propietarios sean responsables por lo que hagan sus conductores, con el afán que no los dejen a la libre y exponer de esa manera a miles de usuarios.