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Pérez Molina hizo la declaratoria de calamidad por tiempo indefinido en un acto público, en el Hospital Nacional San Juan de Dios, con la presencia de la vicepresidenta Baldetti y el entonces ministro de Salud Francisco Arredondo.

“Vengo aquí, no a declarar emergencia nacional, sino el estado de calamidad pública del sistema de salud”, expresó entonces el mandatario.

Según Pérez Molina, el sistema de salud guatemalteco estaba a principios del año pasado en “pésimas condiciones” y algunos de los 943 puestos de salud que visitó durante su campaña electoral no tenían ni siquiera agua y luz para atender a los pacientes.

LA PROMESA ERA QUE ESAS DEFICIENCIAS TERMINARÍAN

Sin embargo, a más de 20 meses de gestión, los males del sistema de salud pública parecieran ser los mismos o peores, a pesar de las constates visitas de la Vicemandataria a los nosocomios del país y las repetidas promesas de la funcionaria para mejorar la atención de los servicios de sanidad.

En el país existen 1 mil 84 puestos y centros de salud y se estima que la mitad no funciona adecuadamente, ni tiene medicamentos ni equipo para atender las demandas de la población.

También hay 47 hospitales públicos en todo el territorio, los cuales también presentan serias carencias. Esto, incluyendo a los más grandes, como el Hospital Roosevelt y el Hospital Nacional San Juan de Dios.

FALTA DE VOLUNTAD

Aníbal Flores, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hospital Roosevelt, indica que existe una falta de voluntad para atender los constantes problemas que afronta el sistema de salud.

Persisten las carencias básicas, que van desde la falta de guantes o algodón, hasta máquinas de rayos X y escáneres para la consulta externa, por lo que los pacientes que acuden a ese nosocomio tienen que utilizar servicios privados para que se les pueda diagnosticar, refiere un médico del citado hospital, quien pidió no ser identificado.

Además, Flores dice que la estructura del Hospital Roosevelt ya sobrepasa los 50 años y durante ese tiempo nunca se le ha dado un remozamiento, y en consecuencia hay tuberías dañadas, sanitarios inservibles y áreas que no pueden ser ocupadas, pues ya ha pasado su tiempo de vida útil.

El sindicalista señala que las precariedades que sufre el nosocomio son gravísimas porque no solo se suscriben a una infraestructura colapsada sino también a la falta de insumos como medicamentos e instrumentos quirúrgicos.

En una auditoría realizada al Hospital Roosevelt se determinó que existía un faltante de medicina, aunque recientemente la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que no era un “faltante” sino que la medicina se encontraba “caduca”.

Flores señala que si la medicina se ha vencido es porque no se le ha entregado a la población, pues es frecuente que a los pacientes se les obligue a comprar sus medicamentos en el sector privado.

“Esto es un delito porque se están dejando de usar los medicamentos en beneficio del pueblo de Guatemala sin justificación alguna, porque si hay medicamentos por qué son se les da a los pacientes”, señala.

Según el sindicalista, después de que el sistema de salud fuera declarado como un Estado de Calamidad Pública, se han realizado compras sin las licitaciones correspondientes, incurriendo en compras inadecuadas.

“Por el mismo Estado de Calamidad en las que se encuentran los hospitales se abusa de dicha declaración y se hacen compras sin licitar o se les otorga a empresas que sobrevaloran sus servicios”, señala Flores.

El sindicalista indica que todos los gobiernos han hablado de las malas condiciones del sistema de salud y esto lo utilizan como parte de su campaña, ofreciendo la construcción de nuevos hospitales, pero finalmente no pasa nada.

SIN CONTRARRESTAR LA PROBLEMÁTICA

Eliazar Guzmán, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, dice que dicho nosocomio ha sufrido una franca decadencia por la falta de insumos y medicamentos, perjudicando directamente a los pacientes que necesitan medicinas específicas para tratar sus males.

Guzmán afirma que a pesar de las constantes visitas que ha realizado la vicepresidenta Baldetti no se han solucionado los problemas que ella misma ha señalado, y sí se han hecho trabajos que no contrarrestan la problemática  que persistente en el hospital.

“Se denuncia directamente el mal funcionamiento de los quirófanos, pues no funcionan al cien por ciento, y el Gobierno ha dicho que se va hacer algo al respecto, pero queda nada más en eso”, indica Guzmán.

Además dice que también se han quejado por el mal estado de los ascensores, camillas inservibles y otras fallas. “Cuando un paciente tiene que ser llevado al quirófano y, si este tiene uno o tres minutos de vida, puede morir en la rampa, porque no sirven los ascensores”, señala.

Asimismo, expresa que a pesar de que hace 18 meses fue declarado un Estado de Calamidad para el sistema de salud, las condiciones del Hospital San Juan de Dios siguen siendo las mismas. “No hemos tenido ningún adelanto”, indica.

La falta de personal es otra de las carencias, pues existen solamente dos enfermeras auxiliares para atender a 32 pacientes encamados en un servicio. “Es lamentable y llora sangre que dos trabajadores cuiden de 32 pacientes”.

También dice que año con año plantean las mismas denuncias. Se ha pedido incrementar el personal auxiliar de enfermería que es lo que en verdad se carece. “Lo que ha hecho el Gobierno y el ministro es llenar (el sistema de salud) de trabajadores administrativos y no así a personal operativo que es lo que más necesita el hospital”.

Según Guzmán, estos problemas no se resuelven, porque los directores que tienen los hospitales no cuentan con un plan administrativo ni operativo para ver qué se puede hacer para sacar adelante al sistema de salud.

Una enfermera del Hospital San Juan de Dios señala, desde el anonimato, que existen serios problemas de atención para los pacientes, principalmente por la corrupción “que se da en el más alto nivel del Ministerio y en los estratos más bajos”.

“Las medicinas son el principal ejemplo. El Ministerio las compra en grandes cantidades, pero aun así las pagan más caras. Ya en los hospitales hay personal y directivos que se las llevan y las venden en sus propias farmacias. Los que pierden son los pacientes, quienes tienen que poner de su bolsa para curarse”, indica la enfermera.

PRESUPUESTO DÉBIL

Por su lado, Adrián Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad San Carlos, dice que el decreto de Calamidad Pública nunca pasó del discurso, básicamente porque no hubo un decreto oficial que hiciera una declaratoria de tal tipo.

“Lo que hubo fue un discurso político, en el cual se pretendía tener a la red pública de salud y específicamente a la red hospitalaria en mejores condiciones”.

Chávez señala que además de los problemas de funcionamiento, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto reducido.

“Es un presupuesto crónicamente desnutrido”, dice el analista, pues lo asignado al ministerio no es un monto real, de Q5 mil 11 millones, 352 mil, ya que los recursos también son trasladados a fundaciones y organizaciones de asistencia social.

A parte de los Q610 millones que tiene de techo presupuestario el programa de extensión de cobertura que hoy está orientando a prestar servicios que tienden a disminuir la mortalidad materna y la desnutrición, entonces la cantidad de recursos que se tiene real son reducidos.

Según el analista, no solamente es la insuficiente asignación de recursos que tiene el ministerio sino también algunos vicios o tendencias respecto a la distribución presupuestaria, pues existen Q3 mil millones destinados a la provisión de servicios, Q2 mil millones son distribuidos para la red hospitalaria y solo Q1 mil millones son distribuidos a las direcciones del área de salud para que se les confiera la atención primaria en salud, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Entonces lo que sucede en la distribución de los recursos, según Chávez, es que “todos estos recursos los estamos tirando para la curación y no se está previniendo y, al no hacerlo, es lógica la demanda tan alta para utilizar la red hospitalaria del país, provocando todos estos males”.

Agrega que los problemas recurrentes en la red hospitalaria del país no se atienden porque las salud para los gobiernos nunca ha sido una prioridad, “para los gobiernos la salud nunca ha sido concretamente una prioridad, y eso se distingue en la distribución de los presupuestos; no hay una coherencia entre el discurso y las acciones que asuman a la salud como una prioridad”.

Además, Guatemala no se tiene una apropiación de que la salud es un derecho, la misma Constitución Política reconoce a la salud como un derecho humano y como un bien público, y se sigue pensando que si se pone un puesto de salud en la comunidad es un favor que nos hacen los políticos, por lo que no se exigen los derechos y no se hace nada por que se cumpla lo estipulado.

SILENCIO, UNA VEZ MÁS

Para este reportaje se trató de obtener, con diez días de anticipación, la reacción de la vicepresidenta Roxana Baldetti; a través de su equipo de comunicación se le envío una entrevista para abordar el tema, pero esta no fue contestada.