Hace unos meses todo era alegría entre los migrantes que viven de manera ilegal en Estados Unidos porque soplaban vientos de reforma que ofrecían esperanza de que pudieran regularizar su situación mediante una legislación más humana que contemplara el origen del problema. Con el paso del tiempo se ha demostrado que para los políticos en Washington el tema no es tan prioritario como para los millones de personas que han viajado a ese país en busca de oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen y se está muriendo la esperanza de ver en el corto plazo una solución.

De todos modos la reforma migratoria que se venía discutiendo planteaba un largo y tortuoso camino para legalizar la situación, porque muy pocos de los afectados podían cumplir con los requisitos que se fueron estipulando en los proyectos conocidos por el Senado y la Cámara de Representantes. Pero con y todo y las dificultades que se avizoraban, especialmente para los migrantes cuyos respectivos países hacen tan poco por ayudarlos, había esperanza de que a punta de tenacidad se podría lograr el objetivo.

Hoy en día, sin embargo, las esperanzas se ven cada día más diluidas aunque hay algunos signos alentadores como la disposición de los legisladores de California de permitir a los inmigrantes ilegales que puedan obtener licencia para conducir vehículos automotores, puesto que esa limitación ha sido una de las más duras y pesadas para millones de latinoamericanos que viven en distintos Estados de la Unión Americana.

La postura de los más radicales miembros del conservador Partido Republicano es contraria a la aprobación de una reforma migratoria humana. Muchos de los representantes más a la derecha del espectro político insisten en que el único camino para los que entraron ilegalmente a Estados Unidos es salir deportados como castigo por la inicial violación de las leyes migratorias y con base en ese criterio se empecinan en no permitir el avance de la legislación promovida por dirigentes de los dos partidos políticos y que ya superó el valladar del Senado, pero que en la Cámara de Representantes no parece tener espacio para continuar hacia la aprobación final.

En el caso de los guatemaltecos que residen en Estados Unidos y que necesitan a fuerza documentos de identidad en caso de que se presente la oportunidad de legalizar su situación, el panorama es más complicado porque ya sabemos que nuestros consulados no son precisamente un dechado de atención eficiente a la población que allá, como aquí, es objeto de discriminaciones por las mismas autoridades que tratan al usuario con absoluto desprecio. Si a ello agregamos que tanto el DPI como los pasaportes tienen significación únicamente porque constituyen una fuente de jugoso negocio para los que dirigen el RENAP o los que negocian los contratos para la emisión de pasaportes, entenderemos cuán dura es la vida para nuestros compatriotas y cuán largo y tortuoso se ve su camino hacia la residencia legal y permanente en Estados Unidos y posteriormente a aspirar a la eventual nacionalidad norteamericana.

Para la Cancillería guatemalteca y para nuestros diferentes consulados, la atención a los cientos de miles de guatemaltecos que viven en Estados Unidos tiene que ser una prioridad. Cierto es que no cae mal algún esfuerzo de cabildeo que se pueda hacer en favor de la reforma migratoria, pero la misma no dependerá tanto de eso como de las presiones internas en Estados Unidos y por lo tanto el esfuerzo hay que centrarlo más en trabajar desde ya con el migrante para organizarlo de manera efectiva y documentarlo sin que el trámite se vuelva una oportunidad para esquilmar a quienes ya hacen suficiente para mantener a flote la maltrecha economía de nuestro país.