Fue alentador saber que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas de telefonía celular dejaron de lado sus diferencias y por fin coincidieron en un mismo proyecto de Ley para frenar el robo de teléfonos celulares, y a la vez fue “inspirador” que los diputados dejaran de haraganear un rato para aprobar la normativa el martes de esta semana.

Sin embargo, tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que una normativa por sí misma no va a solucionar el problema del robo de celulares*, sino que requiere de un tremendo esfuerzo multisectorial y de una gran responsabilidad ciudadana para que se cumpla y resulte efectiva.

Además, hay que ser conscientes y reconocer que este importante esfuerzo limitará la capacidad de acción de los ladrones, pero no detendrá sus actividades ilícitas, pues si no son celulares, seguramente encontrarán muchas otras cosas que robar, como joyas, carteras o autos; por ejemplo, eso no implica que dejarán de hacer daño o matar a sus víctimas.

Esto nos debe abrir los ojos para entender que la inseguridad y la violencia son fenómenos amplios y complejos, que no pueden resolverse solo con leyes específicas, sino que también requieren de la estructuración de políticas públicas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, que deriven en planes, proyectos y estrategias efectivas.

Y la efectividad del sistema de  justicia depende principalmente de las autoridades y las cabezas de las instituciones, que son electas en procesos determinados por  la Ley de Comisiones de Postulación, la cual se aproxima a una reforma profunda.

Los ciudadanos tenemos por delante una gran tarea de fiscalización para dar seguimiento al proceso de reforma de ese Ley, que necesita urgentemente revisión y actualización, pero también para su próxima aplicación al momento de elegir a los titulares del Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, entre otras instancias.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, entre los principales temas está la definición de  límites en los gastos de campaña de las elecciones,  tablas de gradación y su reconocida honorabilidad,  la cuestión del nombramiento de “decanos extraordinarios”, y el plazo para la instalación de las comisiones.

Este momento es clave para seguir de cerca este proceso de reformas y transparentar las elecciones “no populares” de altos funcionarios, que todavía son ajenas para muchos guatemaltecos, pese a que tienen una alta incidencia sobre toda la ciudadanía y son un tema de interés general.

Que los más capaces, probos y honrados lleguen a los cargos públicos puede significar, en buena medida, la diferencia entre la impunidad y la justicia, pero para que eso suceda tenemos que estar vigilantes de los procedimientos que se realizarán próximamente.

Fiscalizar es una tarea de todas y todas.

*Por supuesto que esto no resta valor e importancia al notable trabajo de las organizaciones sociales, a las empresas, y a algunos diputados, que trabajaron durante varios meses para aprobar la Ley de Equipos de Terminales Móviles.