Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) indica que los perfiles criminales en las cárceles: crimen organizado, pandillas y exfuncionarios han cambiado la forma de administrar los centros y actualmente ejercen liderazgo y tienen poder económico, factores potencializados ante la anarquía que prevalece.

Los investigadores del CIEN, Walter Menchú y Corinne Dedik presentaron un informe sobre la situación de los centros carcelarios y expusieron sus argumentos sobre las relaciones de poder que ejercen ciertos detenidos sobre otros, donde no hay presencia de la autoridad, ni herramientas para una reinserción y rehabilitación adecuada.

“El perfil criminal ha cambiado y existen muchos reclusos con gran poder y un liderazgo fuerte que han venido a sustituir al Sistema Penitenciario (SP), a la autoridad, al final ellos han creado algunos programas y han logrado tener un orden, pero debemos preguntarnos ¿A qué costo?: al costo de perder el control de parte de las autoridades”, explicó Menchú.

Dedik por aparte, dijo que el SP no ofrece las condiciones para rehabilitar a los detenidos, muestra de ello, es que la planificación de  hechos ilícitos continúa saliendo desde prisión.

“Entendemos por rehabilitación proveer un ambiente de convivencia ordenada y supervisada con opciones de actividades laborales y educativas, pero vemos que el privado de libertad sigue delinquiendo, tomemos de ejemplo las extorsiones, el 75 por ciento sale de los centros carcelarios y se cometen otros delitos.  El SP no ha  cumplido con ese mandato constitucional y no hay un modelo formal y sistemático que se implemente en los centros carcelarios”, refirió.

“RELACIONES DE PODER”

Dedik agregó que es preocupante las relaciones de poder que existen en las cárceles, pues es evidente que quien goza de más privilegios, puede ejercer autoridad sobre otros.

“Las actividades y negocios se rigen por la dinámica interna, pero en los 22 centros carcelarios hay situaciones distintas.  Nos preocupa porque son basados en las relaciones de poder interno lo cual significa discriminación, discrecionalidad y privilegios”, indicó.

Las declaraciones se basan en el análisis que respalda, que de 16 mil 070 privados de libertad –hasta junio- 67 por ciento se ocupa a actividades laborales, 20 recibe educación extraescolar –cursos o especialidades-, 15 educación formal –desde primaria a diversificado; algunos estudios universitarios-.

Las ocupaciones laborales dependen de los reclusos, no hay mayor control sobre los negocios, ni autoridad que los supervise.

Mientras que el 30 por ciento de los detenidos admite que es fácil obtener drogas en la cárcel y actualmente no hay programas de atención profesional para el tratamiento de las adicciones, entre otros.

El CIEN recomendó elaborar un plan y una visión del tema penitenciario a largo plazo, fortalecer la institucionalidad, evaluar y ajustar el marco legal, establecer la debida separación de los privados de libertad y atender la problemática de las adicciones.

ACCIONES FALLIDAS

En septiembre del 2006, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del SP ejecutaron a siete reos en la cárcel de Pavón, con el fin de tomar el control de los centros, lo cual no funcionó.